
El caso es confuso y engloba una exhaustiva investigación sobre el supuesto asesinato de los 13 mineros que fueron secuestrados en Pataz. Los mineros están secuestrados desde el 25 de abril. El sábado, 3 de mayo, se reveló en redes sociales el testimonio estremecedor de un sujeto que afirma haber estado involucrado en esa zona minera donde se retuvo a dichos trabajadores de la empresa R&R, concesionaria del grupo La Poderosa.
Aunque la Policía no ha dado ninguna versión oficial al respecto, los familiares de las víctimas confirmaron que los agentes de seguridad fueron encontrados sin vida en un socavón.
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Y en medio de este conflicto, cuando las redes señalaban el hallazgo de los cadáveres, otro asalto a la Planta de Procesamiento Mineral Aracoto, propiedad de la Compañía Minera Caravelí, dejó el saldo de ocho heridos, entre ellos tres policías, y más de veinte trabajadores tomados como rehenes, los que fueron liberados posteriormente.
El caso representaría un temblor político para el gobierno de Dina Boluarte al quedar expuesta a reclamos de renuncia en las calles pues este múltiple homicidio se da en una zona declarada en emergencia, con el desplazamiento de contingentes policiales y militares, que parece ser no pueden hacer nada por parar la violencia y acabar con las bandas que operan en la zona.
La policía sigue buscando a los secuestrados en los socavones mineros
En el caso de los trabajadores de R&R, según el relato del supuesto sobreviviente, se dio tras un enfrentamiento con mineros ilegales donde su patrulla resultó victoriosa, pero una segunda patrulla de la empresa no logró salir de la zona. Al regresar al lugar –dice el testigo- encontraron a sus compañeros asesinados. Lo más grave del testimonio radica en la denuncia de una presunta orden para no intervenir y esperar un posible pedido de rescate de US$ 4 millones.
Este testimonio, sumado a la descripción de la zona como un territorio sin ley donde la presencia de las fuerzas del orden es limitada al perímetro de las minas, agrava la ya preocupante situación en la lucha por el control del oro, pese a que Pataz ha sido declarada en zona de emergencia.
Fuentes policiales que han intensificado la búsqueda, consultadas por La República, manifiestan que las últimas jornadas de violencia en Pataz se han originado desde que una de las empresas formales, que ha empezado a perder zonas mineras, está contratando a empresas de seguridad conformadas por ex militares y delincuentes.
Son tres las empresas de seguridad que intentan recuperar los niveles donde está el oro. Estos agentes de seguridad no tendrían reparos para enfrentarse con ‘parqueros’ a quienes los llevan a la ‘chimenea’ y los eliminan.
Según la Policía, el dueño de la empresa R&R sería Segundo Cueva Rojas, perteneciente a una familia a la que asesinaron a un a tío y tres primos. Además, es hermano de Luis Cueva Rojas, acusado de asesinar a tres ‘parqueros’ en el río Marañón.
"Hay más personas que pueden morir", manifestó una fuente de la Dinoes desplazada en la zona, luego de que delincuentes emboscaron a una patrulla policial en Pataz. El asalto ocurrió en la madrugada del sábado en la planta procesadora de mineral de la empresa Caravelí, en Aracoto, en Tayabamba (Pataz), dejando 8 heridos, entre ellos 2 policías, y tomando como rehenes a 20 trabajadores, quienes fueron liberados tras una operación de rescate de la PNP.
El tiroteo ocurrió cerca de las 3:30 a. m. y causó pánico entre trabajadores y pobladores.
Los heridos confirmados son: Ruiz de la cruz José Armando (31), Sánchez Ruiz Daniel Pascual (31), Tapia Machano Jhonsin, Gil Bocanegra Seiden, Rodríguez Carhuajulca José Luis (36) – PNP, Guerra Barbosa Junior – PNP, Yumanaqui Santos Bryan y Marroquín Lara Ignacio.
Según el COER La Libertad, 6 pacientes (entre ellos los policías), fueron evacuados en helicóptero al Hospital de Alta Complejidad de Trujillo por la gravedad de sus lesiones. Los demás permanecieron en observación en el Hospital Provincial de Tayabamba. Los atacantes huyeron aprovechando la oscuridad reinante.





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