
Los familiares de las 18 personas que perdieron la vida en Juliaca, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023, advirtieron que existe un retroceso en las investigaciones por el cambio de la Fiscal de Derechos Humanos, Nancy Soledad Chávez Torres. Los deudos no piensan quedarse con los brazos cruzados, y, ante lo que consideran una dilación, alistan una marcha nacional para los próximos meses.
Cesar Quispe Calsin, abogado de los deudos informó a La República que hay poderes de facto que no quieren que las diligencias avancen para que los responsables paguen por sus crímenes.
“Cada vez las cosas están peor. Primero en febrero sacaron a la fiscal Nancy Chávez. Después sacaron a todos los fiscales adjuntos. Prácticamente lo que han hecho es detener las investigaciones. Ya íbamos a pasar a investigación preparatoria. Ahora todo quedó paralizado. Para que los nuevos fiscales retomen el caso y estudien el expediente va tomar tiempo. Pero le vamos a dar la batalla”, precisó Calsín.
El jurista indicó que Chávez era la sexta fiscal que veía el caso de los asesinatos en Juliaca. Recordó que el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se había comprometido en que no iba a ver más reajustes, pero con la nueva titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, hubo un retroceso significativo.
“Lo que nos han dicho es que la Junta Nacional de Justicia ha designado a los titulares. La actual junta responde al Congreso. Por lo tanto. Los nuevos fiscales responden a la impunidad y no lo vamos a permitir”, dijo Calsín.
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Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero de 2023, señaló que en julio viajarán a Lima para expresar su rechazo contra el cambio de fiscales.
“El Ministerio Público tiene como propósito perseguir el delito. Sin embargo, ellos mismos ponen trabas para que no se esclarezcan los hechos. La Fiscalía de la Nación es culpable que no hayan llevado varias diligencias. Es culpable de que los responsables caminen libres. Ahora nos estamos organizando a nivel nacional, las víctimas de todas las regiones para levantar nuestra voz de protesta. Ya es demasiado cómo imponer impunidad y trabas”, precisó.
El Frente de Organizaciones Populares (Fop) informó que apoyarán a los deudos porque los poderes políticos pretenden salvarlos de responsabilidad a policías y militares.
“Lo sucedido en Puno no debe quedar impune. Así pase el tiempo, todos los culpables deben ser sancionados. Cada cierto tiempo cambian las cosas. Cambian de fiscal. Eso quiere decir que hay alguien que está poniendo trabas”, aseguró Amador Núñez, presidente del Fop.

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