Vandalismo. Un barrista de un equipo de fútbol peruano, fue capturado mientras realizaba desmanes frente a un colegio en San Martín de Porres junto a su barriada. Según cuenta el informe de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que su grupo empezará a lanzar piedras contra el patrullero que se acercó a la zona para disuadir los disturbios, al intentar huir, este sujeto se quedó atrás, siendo capturado por la autoridad.
Esta sentencia ha sido lograda por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, quien consiguió una conversión de 5 años de pena efectiva, a 260 jornadas de servicio comunitario. Además, el imputado deberá pagar mil soles como reparación civil.
Al frente del Colegio MIguel Grau Seminario, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, dos hinchadas de fanáticos de equipos de fútbol peruanos conocidos, se enfrentaron con violencia, afectando la tranquilidad pública y aumentando el pánico en la zona.
Efectivos de la PNP, al percatarse del disturbio frente a un instituto educativo, llegaron hasta el lugar con una patrulla policial para poner fin a la gresca y desplazar a las barridas del lugar. Sin embargo, a pesar de que los hinchas empezaron a correr de las autoridades, un grupo de ellos inició a reponerse e iniciaron a lanzar rocas al vehículo policial, destruyendo el parabrisas. Cuando este grupo de barristas que usaron objetos arrojadizos escaparon, uno de ellos no lo logro: Andrés Fernando Chávez Tirado, de 30 años, fue capturado por los efectivos que dieron cuenta de sus actos.
Cuando Andrés Chávez fue examinado por los policías que lo detuvieron, encontraron que tenía un cuchillo de cocina y una camiseta de fútbol guinda. Estas últimas pertenencias halladas son claves para la argumentación de la sentencia a través de una incoación de proceso inmediato.
Después de que el fiscal adjunto provincial Michael Willanbel Rodríguez de la Torre, haya presentado el informe de investigación ante la audiencia realizada en la Unidad de Flagrancia de San Martín de Porres, el representante del Ministerio Público argumentó que los principales elementos hallados por la policía, como el registro personal, la declaración de los efectivos intervinientes, la visualización de los videos, entre otros, son imputables para una sentencia de 5 años de prisión, pero que fue convertida a 260 jornadas de labor comunitaria.
Además, el Ministerio Público también solicitó que el imputado pague S/1.000 soles como reparación civil a favor de la parte agraviada, por lo que fue aprobado en la audiencia.
En el Perú, los servicios comunitarios y las penas efectivas están relacionados como alternativas y mecanismos dentro del sistema penal para sancionar a los infractores. Aquí algunas explicaciones: