En las últimas semanas, la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes con la escalada de amenazas extorsivas que han desembocado en la muerte de cuatro conductores de transporte público. Este panorama ha dejado a los gremios de transportistas de Lima y Callao sumidos en el temor, lo cual forzó a varios a unirse al paro nacional este jueves 26 de septiembre, en protesta por los asesinatos recientes y por la falta de respuesta del Gobierno.
La Asociación de Bodegueros del Perú no ha permanecido indiferente ante esta situación. En un comunicado, ha expresado su respaldo al paro nacional, y ha manifestado que más de 3.000 bodegueros han tenido que cerrar sus negocios, ya que también sufren las mismas amenazas por parte de bandas criminales. Esta asociación exige que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar su seguridad.
En 2024, más de 9.000 bodegueros han denunciado extorsiones y cobro de cupo. Foto: Red de Comunicación Regional
En una clara muestra de solidaridad con los transportistas afectados por la ola de extorsiones y asesinatos, la Asociación de Bodegueros del Perú ha elevado su voz en protesta. "Expresamos nuestra protesta y solidaridad frente a la inacción de las autoridades, que no logran establecer medidas efectivas para garantizar la seguridad", manifestaron en un comunicado, haciendo un llamado urgente a la acción gubernamental.
Además, la asociación ha recordado que no es la primera vez que alertan sobre la gravedad de la situación. "Llevamos años denunciando la dura realidad que enfrentan nuestras bodegas, históricamente víctimas de delincuencia, un problema que ahora se ha expandido a otras actividades económicas", señalaron, resaltando la expansión del problema a sectores como el transporte público.
Comunicado oficial de la Asociación de Bodegueros del Perú hoy jueves 26 de septiembre. Foto: Asociación de Bodegueros del Perú
La creciente problemática de la extorsión a los bodegueros en Lima ha alcanzado niveles alarmantes, exacerbada por la pandemia de la COVID-19 que inició una crisis económica, lo cual empeoró la seguridad. Pequeños comerciantes, como los bodegueros, son frecuentemente objetivos de delincuentes que capitalizan la vulnerabilidad de los barrios con poca vigilancia.
Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, en declaraciones para La República, ilustró esta escalada: “En 2020, empezó el problema; en 2021, empezó a crecer; en 2022, ha sido un poco más fuerte. En 2023, dentro de los reportes que hemos tenido, ha estado mucho más fuerte y esto va a continuar, todo sigue en ascenso”.
Choy explicó que las zonas más impactadas por la extorsión son los distritos periféricos de Lima, incluyendo Lima Norte, Sur, Este y el Callao. Según los datos recopilados por la asociación hasta julio de 2024, estos distritos han enfrentado un incremento en los actos de cobro de cupos y extorsión.
Los criminales en estas áreas exigen pagos por "protección" a los comerciantes, y aquellos que se resisten a pagar son amenazados, enfrentando ataques a sus establecimientos y riesgos a su integridad física. En 2023, más de 13.000 bodegueros fueron afectados por estas prácticas, y la intensa presión llevó al cierre de 2.600 negocios, incapaces de continuar ante el riesgo constante.