Ejecutivo frena la ley que permitía a los taxis por aplicativo eludir la fiscalización de la ATU

El Ejecutivo ha observado la ley aprobada por el Congreso de la República que permitiría a las empresas de taxis por aplicativo evitar la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). En su lugar, la norma sugiere que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital sean las entidades encargadas de las investigaciones. Diversos especialistas han advertido que esta normativa podría aumentar el desorden en las calles y poner en peligro a los pasajeros debido a la informalidad con la que operan algunos conductores.

El proyecto de ley establece que las empresas que administran las aplicaciones de transporte (Uber, Didi, InDrive, Cabify, entre otros), sean responsables de recopilar y mantener datos sobre los choferes, sus vehículos y el servicio brindado. Sin embargo, limita su responsabilidad únicamente al servicio de intermediación, eximiéndolas de cualquier responsabilidad por delitos cometidos por los conductores.

Actualmente, la ATU es la encargada de determinar las condiciones y requisitos para la prestación del servicio de taxi, contribuyendo así a su formalidad. No obstante, con la eliminación de esta regulación, cualquier persona podría ofrecer el servicio de taxi sin necesidad de autorización de un organismo técnico.

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El texto de la ley, firmado por el congresista Eduardo Salhuana, presidente de la Comisión de Transportes, señala: "Para la aplicación de la presente Ley se deja sin efecto la disposición complementaria final segunda del Reglamento que regula la prestación del Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Taxi en Lima y Callao, aprobado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 162-2023-ATU".

Observaciones del Ejecutivo

El Ejecutivo, mediante el Oficio N° 127-2024-PR, presentó diversas observaciones al proyecto de ley que busca regular a las “empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte especial a través de plataformas tecnológicas”, señalando que esta afectaría directamente al servicio de transporte terrestre. Además, introduce el término “servicio privado de transporte especial” sin una definición clara, lo cual no está contemplado en la normativa vigente y requeriría modificar la Ley 27181, incluyendo su gestión y fiscalización. Conoce todas las observaciones en la siguiente lista:

• Inexistencia del “servicio de taxi privado” en la normativa vigente: Este concepto no está contemplado en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181). Para su inclusión, sería necesario modificar esta ley y definir quién se encargará de su gestión y fiscalización.
• Falta de especificación del régimen de autorización y fiscalización: La ley no detalla cómo se autorizará y fiscalizará el “servicio privado de transporte especial”, lo que implica que este servicio podría operar sin las mismas regulaciones que otros servicios de transporte.
• No designación de autoridades competentes: La ley no asigna responsabilidades claras para la gestión y fiscalización del nuevo servicio, lo que generaría un vacío de autoridad y falta de control.
• Eliminación de la obligación de contar con títulos habilitantes: La ley exime a los conductores de tener títulos habilitantes, que son necesarios según la Resolución de Presidencia Ejecutiva 162-2023-ATU, lo que podría llevar a una disminución de la calidad y seguridad del servicio.
• Riesgo para la vida y salud de los usuarios: La falta de regulación y control puede comprometer la seguridad de los pasajeros, ya que no habría mecanismos adecuados para supervisar la calidad del servicio y las condiciones de los vehículos y conductores.
• Fomento de la informalidad: Al no requerir títulos habilitantes y no especificar un régimen de fiscalización, la ley podría incentivar a más conductores a operar sin cumplir con las normativas vigentes, aumentando la informalidad en el sector.
• Uso ineficiente de la infraestructura vial: La falta de control podría resultar en un uso desordenado y ineficiente de las vías, afectando la movilidad urbana y generando congestión.

Empresas de taxi por aplicativo a favor de proyecto de ley

A través de un comunicado, las empresas de taxi por aplicativo (Cabify, DiDi, Uber y Yango) se han mostrado a favor del proyecto de ley que pretende eludir la fiscalización de la ATU en el servicio de sus conductores.

"La ley aprobada establece las condiciones generales para la operación de las plataformas digitales que intermedian el servicio privado de transporte de personas y se ajusta adecuadamente a las características específicas del servicio de transporte privado de personas a través de plataformas de movilidad, que son distintas del servicio público de taxi", indican.

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¿Qué es la ATU?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es una entidad pública creada con el objetivo de gestionar y regular el sistema de transporte urbano en Lima y Callao, Perú. Su creación responde a la necesidad de mejorar la eficiencia, seguridad, y sostenibilidad del transporte en estas dos importantes áreas metropolitanas del país.

Funciones Principales de la ATU:

1. Planificación y Gestión del Transporte: La ATU tiene la responsabilidad de planificar y gestionar el sistema de transporte urbano, buscando integrar diversos modos de transporte (buses, taxis, metro, etc.) en una red eficiente y coordinada.
2. Regulación y Fiscalización: Se encarga de regular y fiscalizar el transporte público, incluyendo la emisión de licencias, la supervisión de rutas y la calidad del servicio.
3. Infraestructura y Proyectos: Promueve y supervisa la construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte, como terminales, estaciones y vías exclusivas para transporte público.
4. Promoción de la Movilidad Sostenible: Fomenta el uso de medios de transporte sostenibles, como el transporte no motorizado (bicicletas y caminatas) y vehículos eléctricos.
5. Educación y Cultura Vial: Implementa programas de educación y cultura vial para mejorar la seguridad y el comportamiento de los usuarios del transporte.

Historia y Creación de la ATU:

• Fecha de Creación: La ATU fue creada mediante la Ley N° 30900, promulgada el 22 de diciembre de 2018, y su reglamento se aprobó en enero de 2019.
• Objetivo Inicial: Centralizar y unificar la gestión del transporte urbano en Lima y Callao, que anteriormente estaba fragmentada entre diversas entidades y niveles de gobierno, lo que causaba ineficiencias y problemas de coordinación.

Estructura y Organización:

• Directorio: La ATU está dirigida por un Directorio compuesto por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los gobiernos regionales de Lima y Callao, y otras entidades relevantes.
• Presidencia Ejecutiva: La presidencia ejecutiva de la ATU es la máxima autoridad ejecutiva, encargada de implementar las políticas y decisiones del Directorio.

Impacto y Beneficios Esperados:

1. Mejora en la Calidad del Servicio: Un sistema de transporte más organizado y regulado puede ofrecer un servicio más confiable y de mejor calidad a los usuarios.
2. Reducción de la Congestión y Contaminación: Mediante una planificación eficiente y la promoción de modos de transporte sostenibles, se espera reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes.
3. Seguridad Vial: La regulación y fiscalización del transporte público pueden mejorar la seguridad vial, reduciendo accidentes y mejorando la confianza de los usuarios.
4. Integración del Transporte: La ATU busca integrar los diferentes modos de transporte en una red coherente, facilitando la movilidad y reduciendo tiempos de viaje.

Desafíos:

• Coordinación Interinstitucional: Integrar y coordinar a todas las entidades y niveles de gobierno involucrados en el transporte urbano es un desafío continuo.
• Financiamiento e Infraestructura: Asegurar el financiamiento necesario para los proyectos de infraestructura y mantenimiento es crucial para el éxito de la ATU.
• Aceptación y Adaptación: Lograr la aceptación de todos los actores del sistema de transporte y adaptarse a los cambios que la ATU implemente puede ser un proceso complejo.

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