El Congreso está próximo a aprobar en segunda votación la Ley 842 que, entre otras cosas, propone regular a las empresas de taxi por aplicativo. Sin embargo, lo que resulta alarmante para los especialistas es que, por disposición de la misma norma, no será la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) quien los fiscalice.
La fiscalización estará a cargo del Ministerio de Transportes y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
La aprobación de esta medida podría incrementar el desorden que hay en las calles de Lima y Callao, y el peligro para los pasajeros por la informalidad con la que operan algunos taxistas.
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Así lo advierte Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, quien señala que el Parlamento está a punto de concretar una norma inconstitucional, ya que todos los operadores de transporte deben estar regulados por una autoridad competente.
Por poner un ejemplo, el transporte interprovincial es regulado actualmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las rutas intrarregionales son responsabilidad del Gobierno provincial y en Lima y Callao la fiscalización es competencia de la ATU.
Así las cosas, el representante de Luz Ámbar ha solicitado que el Ejecutivo observe la norma sobre la fiscalización. “Si lo aprueban por insistencia, sería muy grave”, advirtió.
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Con esta nueva normativa, los colectivos informales pueden evadir la fiscalización de la ATU aduciendo que están realizando un servicio por aplicativo y no tener ningún tipo de regulación.
“La fiscalización de las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio privado de transporte especial es de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, mediante la ley”, detalla un apartado del proyecto.
Cabe resaltar que la Comisión de Transportes del Congreso que propuso este dictamen en ningún momento consultó la opinión técnica de la ATU.
La Asociación Automotriz del Perú se manifestó en contra de que el MTC autorice la permanencia de combis, cústeres y ómnibus en Lima y Callao con una antigüedad de hasta 35 años, para prestar servicio de transporte público. Es un retroceso en la modernización del transporte, señalaron.