Este lunes 22 de abril se conoció que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a través de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (APES), interpusieron una demanda de acción popular, la cual cuestiona la constitucionalidad del artículo 7.2 perteneciente a la Ley N.º 31336, y solicitaron que se deje sin efecto la disposición que tienen cientos de pacientes con cáncer para garantizar sus tratamientos en determinados centros médicos
En ese sentido, la asociación Por un Perú sin Cáncer informó que, si este recurso presentado por la APES fuera admitido por el Poder Judicial, se dejaría a 4 millones de ciudadanos sin la debida cobertura, en cuanto a sus tratamientos y medicamentos. Además, esta acción generaría que otras compañías de seguros opten por restringir estos procesos a sus clientes.
Según la demanda presentada por las Entidades Prestadoras de Salud, sostienen que no se ha completado la Fase 3 del uso de medicamentos y que esta acción podría complicar la vida de los pacientes. Sin embargo, para las organizaciones sociales, determinadas 'terapias innovadoras' que aún no concluyen este periodo ya han sido aprobadas por la FDA, EMA y otras instituciones regulatorias, así como también de ser parte de las Guías de Práctica Clínica y de cuentas con evidencias que benefician de los ciudadanos.
“De acuerdo con lo expresado por las EPS en su demanda, el uso de medicamentos que aún no han completado la Fase 3 podría comprometer la salud y la vida de los pacientes. No obstante, muchas terapias innovadoras que aún no cuentan con estudios clínicos concluidos en Fase 3 han sido aprobadas por la FDA, EMA y otras agencias regulatorias en el mundo; además de estar incluidas en las Guías de Práctica Clínicas y con evidencia de uso en favor del paciente”, se lee en el documento emitido por la asociación Por un Perú sin Cáncer.
Asimismo, la mencionada asociación señala que los seguros privados oncológicos son de vital importancia para los pacientes, debido a que el seguro social no se da abasto para atender las demandas de los ciudadanos y que las instituciones públicas de salud no pueden ofrecer una atención de primer nivel.
"Los seguros privados de salud, especialmente los oncológicos, representan una gran ayuda para los pacientes, sobre todo en un país como el Perú, en el cual el sector público no se da abasto para brindar la cobertura gratuita y de primer nivel a la que todos los ciudadanos tienen derecho, según la Ley Nacional del Cáncer", se indica en el escrito.
En esa línea, la asociación Por un Perú sin Cáncer realizó un llamado hacia las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y a las autoridades competentes para que en conjunto trabajen en favor de los pacientes oncológicos, puesto que enfatizaron que los ciudadanos tienen el derecho de recibir atenciones, tratamientos y medicinas de calidad, ya que esto se encuentra regulado en la Ley Nacional del Cáncer.
"Asociación Por Un Perú Sin Cáncer invoca a las EPS y a las autoridades a trabajar de manera coordinada en favor de la protección de los pacientes oncológicos, pues lo dispuesto en la Ley Nacional del Cáncer para que los pacientes puedan acceder a terapias innovadoras es un gran avance y debe mantenerse, pero también debe buscarse la manera en que esos tratamientos sean adecuadamente financiados para que las EPS puedan otorgarlos sin problemas", manifiestan.
Edson Aguilar Zelada, vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, mostró su preocupación por la medida interpuesta por las EPS, la cual pondría en peligro a los cientos de pacientes, quienes día a día acuden a diferentes centros médicos para realizar sus tratamientos. Consideró que dejar sin efecto el artículo 7.2 de la Ley Nacional del Cáncer sería ir en contra del derecho a la salud y perjudicar a las personas que luchan contra esta enfermedad.
“Lo que dicen las compañías aseguradoras es que piden que se elimine ese artículo del reglamento porque va en contra de la salud y no pueden exponer a sus afiliados a tratamientos experimentales. En ningún caso hablamos de tratamientos experimentales, sino de tratamientos que son aprobados por agencias reguladoras”, señaló en diálogo al Diario Oficial El Peruano.