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Sociedad

La defensa propia: ¿cuándo es válida y cuál sería el futuro de la menor de Huacho?

Adolescente que enfrentó un ataque en su hogar y defendió a su hermana con un arma podría enfrentar graves acusaciones. Hecho ha desatado un debate sobre la legítima defensa y el futuro legal de la menor. 

Huacho
Menor de 15 años logró arrebatar el arma del atacante. Foto: TV Perú

En el distrito de Huara, provincia de Huacho en Lima, un suceso sacudió a sus habitantes. Dos hermanas adolescentes, de 15 y 16 años respectivamente, se vieron enfrentadas a una situación de terror en su propia vivienda ubicada en el cerro El Carmen. Un hombre armado, identificado como César Ramos Vega, irrumpió en su hogar con la intención de cometer un robo y, lo que es aún más alarmante, agredir sexualmente a las jóvenes.

Las hermanas se encontraban solas, sin la presencia de sus padres, situación que el agresor aprovechó para perpetrar su acto delictivo. Según testimonios de los residentes, Ramos Vega parecía tener información sobre la ausencia de los padres de familia, lo que le llevó a actuar con impunidad en su intento por consumar sus acciones criminales.

La respuesta de las hermanas ante la inminente amenaza fue valiente, pero trágica. En un acto de desesperación y defensa propia, la menor de 15 años le logró arrebatar el arma del atacante y, en un giro de los acontecimientos, disparó contra Ramos Vega. Sin embargo, el enfrentamiento no terminó sin consecuencias, ya que una de las hermanas resultó herida de bala, lo que demostraría la violencia y el peligro de la situación que enfrentaron.

¿Qué es la legítima defensa?

La legítima defensa, un principio fundamental, emerge como un factor crucial en el análisis del incidente en Huara. Este concepto legal establece que una persona tiene el derecho de protegerse a sí misma y a otros frente a una amenaza inminente e ilegítima, y utilizar la fuerza necesaria para repeler el ataque. En el caso de las hermanas adolescentes, la acción de la menor de 15 años de enfrentar al agresor con el arma tomada y neutralizar la amenaza que representaba se enmarca dentro de los límites de la legítima defensa.

Pruebas que respaldan a menor estarían claras

El incidente ha desatado un debate sobre los límites de la legítima defensa y el papel de las autoridades en la protección de los derechos de las víctimas. Expertos en derecho penal han señalado la importancia de una investigación exhaustiva para determinar si las acciones de la menor de 15 años se ajustan a los principios legales de la legítima defensa.

Para Mario Amoretti, abogado especialista en derecho penal, “Es necesario que los fiscales se esfuercen cada vez más en demostrar la legítima defensa, ya que es su deber verificar si una muerte es fruto de esta”.

“Hay que crear conciencia porque desgraciadamente tenemos malos fiscales, malos jueces y policías que algunas veces actúan prácticamente defendiendo a los delincuentes y no a favor de la gente”, finaliza el experto en leyes.

Adolescente podría enfrentar proceso para probar su inocencia

César Nakazaki, abogado y experto penalista, hace hincapié en el proceso que seguiría un caso como el de las hermanas de Huara, y enfatiza la importancia de demostrar que la acción se llevó a cabo en legítima defensa para evitar la apertura de un proceso penal contra las menores involucradas.

“Ya ha sido aprobada la defensa propia porque una de ellas ha sido abusada sexualmente y la otra iba a ser abusada también. Los fiscales deben esforzarse cada vez más cuando están frente a un caso de legítima defensa y dedicarse a demostrarla, porque muchas veces las víctimas no tienen defensor o el defensor no es lo suficientemente diligente”, señala.

Sin embargo, de no demostrar que esta situación se produjo en este contexto, “Si se les abre proceso por infracción a la ley penal y se determinase que son culpables las menores, se les impondría no una pena sino una medida socioeducativa". Esta declaración resalta el enfoque diferenciado que se aplica a los menores de edad en el sistema legal, según el cual las medidas socioeducativas tienen como objetivo la rehabilitación y reintegración social en lugar de la imposición de penas.

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