CIDH notifica al Estado peruano para que Reniec reconozca a madres lesbianas en DNI de su hijo

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH debido a que Reniec no ha querido registrar a una de ellas en el DNI de su hijo Daki, quien pronto cumplirá diez años sin documento de identidad. La negativa de Reniec se mantiene pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial ordenó la inscripción.

El documento que ingresaron a la instancia internacional contiene esta petición y también la solicitud de una medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, tal como lo señala Carlos Zelada, abogado consultor de la organización feminista Demus, que patrocina el caso.

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Al respecto, la directora de Demus, Cynthia Silva, indicó que regularmente se acude a la CIDH cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados.

Sin embargo, la demanda de amparo contra Reniec que presentaron sigue vigente a pesar de haber transcurrido más de 6 años. De manera que se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo”, anotó Cynthia Silva.

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Mientras que la coordinadora del equipo de litigio estratégico de la organización feminista, María Ysabel Cedano, informó que en un contexto en el que el Tribunal Constitucional, que tiene el caso sin resolver por más de un año y ha demostrado ser abiertamente antiderechos, las co peticionarias Demus, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad, han logrado que se notifique al Estado peruano para que se agilice el trámite de admisibilidad y se resuelva el tema de manera prioritaria y diligente.

Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, recordó que este 2024 Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, señaló que el pequeño ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. “Él se ha dirigido al Tribunal Constitucional y la CIDH para recibir protección”, mencionó.

Ahora, el Estado peruano tiene tres meses para responder y una prórroga máxima de cuatro meses. “Deberá hacerlo en abril o máximo en agosto 2024”, detalló Zuleika Rivera, abogada de Raza e Igualdad.

Por su parte, Gabriela Zavaleta, responsable de incidencia de Más Igualdad Perú dijo que en esta próxima etapa, le pedirán a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y de fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia.