En libertad o desde dos celdas del penal de Quencoro, los miembros de la megabanda Los Magos del Cusco hilan los movimientos de sus hombres. Son 26 sujetos, entre ellos dos policías y una abogada, quienes acatan órdenes, les envían recados y reciben mensajes directos para delinquir, según una información de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) que desarticuló a esta red criminal.
Las autoridades arrestaron a los receptadores y colaboradores de esta presunta organización delictiva que entretejía las alianzas que hicieron de la banda una estructura que tendría tentáculos en la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Los Magos del Cusco son investigados por delitos contra la Tranquilidad Pública (organización criminal), contra el patrimonio (hurto agravado, marcaje, reglaje y receptación agravada), en agravio del Estado.
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De acuerdo a la Diviac, entre los intervenidos se encuentran los suboficiales William Sosa Gonzales y Hugo Madueño Miranda, así como la abogada Reyna Arzubialde.
Fuentes de la investigación revelaron que debido a la informalidad comercial, a la falta de prevención y seguridad, al crecimiento del parque automotor y al rubro abundante de la comercialización de autopartes de vehículos, es que se ha originado la inserción de organizaciones criminales en Cusco.
Esta actividad delincuencial se ha extendido en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq, Santiago y Cusco, donde Los Magos del Cusco se dedican a cometer hurto agravado, receptación agravada, entre otros, teniendo como centro de operaciones esos distritos y otros aún por determinar.
Un oficial de la Diviac Cusco manifestó que la estructura criminal se divide en tres fases: ejecutores, receptadores y colaboradores. Cada grupo desempeña un determinado rol y realizan funciones específicas, con la finalidad de garantizar la materialización de los actos, que implican la obtención del bien ilícito hasta su entrega al receptador.
El primer grupo está constituido por tres facciones, el segundo está integrado por 23 personas quienes especifican las características del vehículo solicitado y monto a pagar. Cada integrante cuenta con su propia cartera de clientes.
Finalmente, los colaboradores (dos policías y una abogada) desempeñan un determinado rol y cumplen funciones específicas. Su finalidad es proteger y brindar información sensible para evitar una intervención policial.
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Las fuerzas del orden que desbarataron esa organización mostraron ayer su extrañeza porque la jueza Katia Álvarez, que llevaba el caso y ordenó la detención preliminar, ha sido cambiada por la juez Zulay Sánchez farfán, quien ha sido cuestionada por liberar a una banda criminal dedicada a la comercialización de bebés recién nacidos.
Estos son los detenidos: