Fiscalía tomará acciones legales por nuevas funciones de la Policía en investigación del delito
Fiscales supremos argumentan que se intenta someter al Ministerio Público con esta medida.
La Junta de Fiscales Supremos se pronunció este miércoles 27 de diciembre en contra de la medida anunciada por el ministro del Interior, Víctor Torres. Se trata de un decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal y permite que la Policía Nacional pueda ahora investigar delitos por cuenta propia, así como agilizar diligencias preliminares que antes estaban a cargo de un fiscal.
"Se están evaluando la interposición de las acciones legales pertinentes con el objetivo de preservar el rol constitucional asignado al Ministerio Público", dicta el comunicado emitido por la Fiscalía.
Foto: comunicado del Ministerio Público/X
Además, el Ministerio Público subrayó que no fue consultado por el Poder Ejecutivo sobre la pertinencia de estas nuevas medidas: "El Ministerio Público, como titular de la acción penal, no fue convocado en ningún momento por el Poder Ejecutivo para expresar una opinión o adoptar una posición institucional al respecto".
Alberto Otárola le responde a la Fiscalía
El primer ministro Alberto Otárola se refirió al comunicado emitido por la Junta de Fiscales Supremos, argumentando que la afirmación de que no se le están dando 'poderes extraordinarios' a la Policía no corresponde a la realidad y no se está violando la Constitución.
"Se ha respetado la facultad de conducir y la estrategia de investigación, siempre a cargo del Ministerio Público. Ahora, se autoriza que la Policía inicie las investigaciones con la responsabilidad de rendir cuentas al fiscal, porque se produce el delito y los fiscales tardan en llegar", afirmó.
Ataque contra el Ministerio Público
En su comunicado, la Fiscalía aseguró que, según la Constitución, la PNP está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. Por lo tanto, la Fiscalía continuará desempeñando su rol de acuerdo con la Carta Magna. Además, se destacó que esto sería un intento de socavar sus funciones. "En la práctica, lo que se pretende es someter al Ministerio Público a los designios de la entidad que, en lugar de ello, debería brindarle su apoyo", concluye el documento.
Estas son las nuevas funciones de la Policía Nacional
El fiscal ve su papel reducido a convalidar las acciones de la Policía. A partir de ahora, las facultades de investigación criminal asumidas por los efectivos policiales son las siguientes:
- Realizar diligencias de investigación urgentes o inaplazables para evitar las consecuencias del delito, identificar a los autores y partícipes, así como recoger y asegurar pruebas.
- Recibir denuncias escritas, levantar actas de denuncias verbales y tomar declaraciones de los denunciantes.
- Aislar, proteger y vigilar el lugar donde ocurra o se produzca un delito, recoger y conservar evidencias de interés criminalístico.
- Practicar registros de personas, incluyendo su vestimenta, equipaje, bultos y vehículos. Establecer controles en vías, lugares o establecimientos públicos para la identificación de personas y realizar registros personales y vehiculares.
- Retener a una persona por hasta cuatro horas y llevar a cabo diligencias para la identificación física de los autores y partícipes del delito.
- Realizar entrevistas e identificar posibles testigos, levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y otras operaciones técnicas o científicas.
- Intervenir, detener y recibir versiones o manifestaciones de los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia.
- Asegurar documentos privados, como libros contables, facturas y otros comprobantes de pago, así como instrumentos de telecomunicaciones como teléfonos celulares.
- Allanar locales de uso público o abiertos al público mediante operativos debidamente planificados.
Todas estas diligencias pueden llevarse a cabo con o sin la participación del fiscal. Al concluir la intervención, la Policía levantará un acta que entregará al fiscal, quien convalidará los actos de los efectivos.
Opinión de experto
El abogado penalista Mario Amoretti cuestionó estas modificaciones al Código Procesal Penal y las consideró como un retroceso. Al respecto, las tachó de "inconstitucionales" y "muy peligrosas". "Estas alteraciones, como la autorización de la interceptación de las comunicaciones con solo la solicitud de un policía, son inconstitucionales; ya que es el juez quien debe aprobar la revelación de secretos bancarios, tributarios y de comunicaciones. No puede ser realizado por un fiscal a petición de la Policía", explicó.
Amoretti también recordó que fue convocado junto con otros expertos al Congreso para abordar el tema de la delincuencia. "Todos estábamos de acuerdo en que no era conveniente otorgarle facultades al Ejecutivo. Con esta medida, un periodista o un opositor al Gobierno podría ser objeto de un seguimiento para incriminarlo. Es una situación muy peligrosa", indicó.
