La jueza Leny Zapata Andía, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente, se encuentra en el ojo de la tormenta desde que dejó en libertad a los 28 sospechosos extranjeros detenidos en el denominado búnker de Pachacamac, al sur de Lima, el pasado 21 de noviembre. En ese lugar, la policía encontró armas de fuego destinadas al cobro de cupos y drogas.
Ante esto, el Poder Judicial informó que investigará a la jueza y dispuso suspenderla de sus funciones. Tras días de escarnio público, Zapata Andía brindó declaraciones para el dominical 'Cuarto poder'. Aseguró que no es corrupta y que las críticas hacia ella son injustas.
"Estoy aquí porque no quiero que se diga que soy una persona corrupta. No soy corrupta. ¿Dónde están los indicios que me pagaron, que me dieron dinero? Estoy indignada porque esto ha causado perjuicio en mi honra, en mi honorabilidad y ha afectado a mi padre, a mis hijos y a mi familia entera", explicó llorando.
En relación con la información de que uno de los extranjeros liberados atacó a efectivos policiales, José Antonio Ríos Gil, la jueza argumenta que este no estaba en la lista de las siete personas sobre las cuales la Fiscalía pidió prisión preventiva tras la intervención en el búnker de Pachacamac.
"Es falsa esa información. No lo digo solo porque lo diga Leny Zapata Andía, sino porque en el requerimiento fiscal no figura el nombre de este señor. No, es falso. Yo nunca lo tuve dentro del requerimiento de prisión preventiva", explicó.
Sobre la liberación de las siete personas incriminadas, la jueza ofrece una justificación. "No se pudo comprobar que había microcomercialización de drogas. No se daban los presupuestos para el delito por una razón muy sencilla: todos los análisis de la droga han tenido como resultado muestra agotada", afirma.
Una muestra agotada significa que, tras el análisis en el laboratorio, no quedaba más droga. Es decir, había muy poca cantidad y esta se agotó en el proceso químico de la policía.
Un total de 28 ciudadanos extranjeros quedaron libres, a pesar de que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) les encontraron armas y granadas de guerra. Foto: América TV
"¿Cómo puede decirse que es un delito de microcomercialización de drogas si no supera las cantidades?", cuestiona la magistrada. La jueza destaca que la Fiscalía no reportó el dictamen pericial que indicara la presencia de adherencias de droga en las manos de los siete detenidos o en sus prendas, un indicio importante que podría señalar si estos sujetos están dedicados al comercio de drogas al menudeo.
En cuanto al delito de tenencia ilegal de armas, ella sostiene que la Fiscalía también cometió un error respecto al presupuesto de la prognosis de la pena, lo que impidió dictar prisión preventiva.
"El pedido de la Fiscalía señala que todos ellos carecen de antecedentes penales y son primarios. Con la modificación del artículo 268, la pena debe ser superior a 5 años de privación de libertad. Sin embargo, no se cumple este requisito", finaliza.
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El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Ángulo, se pronunció el martes 12 de diciembre desde el emporio comercial Gamarra y lamentó lo sucedido, pues el trabajo que realizaron fue arduo para poder dar con el lugar de los ciudadanos extranjeros.
“Hay situaciones que no son deseadas, que nos causan sorpresa y mucha incomodidad, pero habrá que ver y analizar los fundamentos legales, tenemos que respetar las decisiones de los órganos jurisdiccionales frente a esta situación. (…) La Policía está haciendo el rol que le corresponde, estamos tratando de acopiar todos los elementos probatorios para brindar la información”, enfatizó el general Ángulo.