Migrantes no pueden acceder a la justicia peruana

Los ciudadanos migrantes y refugiados enfrentan barreras de acceso a la justicia en diferentes ciudades del Perú. Así lo determinó una investigación realizada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), con apoyo de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial.

Carmela García, investigadora del estudio, explicó que la indagación se hizo en Lima, Trujillo, Arequipa, Tacna y Tumbes. Las tres primeras ciudades son las que concentran la mayor cantidad de migrantes venezolanos y las otras dos, al ser ciudades fronterizas, constituyen los puntos de entrada y salida del territorio nacional.

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Entre los hallazgos figuran barreras de corte institucional, como la exigencia de requisitos que pueden constituir una afectación a los migrantes.

García describió como casos puntuales, que a algunos migrantes les han exigido la presentación de un carné de extranjería vigente para interponer una denuncia en la comisaría y les han rechazado la presentación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el carné de permiso temporal de permanencia o cualquier otro documento.

En Tacna, en las comisarías se negaron a recibir denuncias por pérdida de documentos, porque alegaban que eso era competencia de la comisaría de Turismo. Sin embargo, esta última respondía que los venezolanos no son considerados turistas.

García explicó que se hallaron barreras socioeconómicas y culturales. Lo más común es la presencia de algunos prejuicios o estereotipos respecto a la migración, prejuicios de género y frente a las personas que han sido sobrevivientes de trata o de otro tipo de maltrato.

En el caso de trata de personas, García refirió que hay una reticencia de las víctimas a acercarse a denunciar, por el temor a perder sus recursos económicos. Las mujeres temen que al asentar la denuncia, luego ya no puedan generar ingresos económicos.

Otra barrera hallada es el caso de las víctimas de violencia familiar. Según García, la alta carga procesal no permite que las medidas de protección se emitan de forma oportuna. Además, el otorgamiento de las mismas está sujeta al pedido de las autoridades de la Fiscalía.