Feminicidios en Perú: familias luchan contra indiferencia del Estado

Tras la muerte de su hija, Pedro Pablo Muñoz dejó Chanchamayo y se mudó a Lima para buscar justicia. Según señala, el caso no avanza y el principal sospechoso sigue en libertad.

Pero Pedro no se rinde y acude tres veces a la semana a la Fiscalía de Chorrillos en búsqueda de respuestas.

Ayer, por primera vez, pudo narrar su historia y exigir justicia para Joshuany (23), quien fue asesinada hace cuatro años.

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Fue ante el Primer Tribunal de Justicia de Feminicidio, donde otras dos familias también contaron la impunidad que hay en sus casos. “Quisiéramos que este juicio no sea ficticio”, mencionaron, pues la actividad que los congregó ayer fue la simulación de un juicio contra algunas entidades del Estado, organizado por la Asociación Familias Unidas por Justicia.

“Este primer tribunal nació por iniciativa de las familias de víctimas de feminicidio para juzgar a los entes y operadores de justicia en el país”, precisó Sandy Evangelista Loa, presidenta de dicha organización.

Luego de la sesión, el tribunal emitió una sentencia simbólica sobre tres casos en los que se especificaron fallas del Estado. También se hicieron recomendaciones, las cuales serán enviadas a los despachos fiscales y judiciales a través de la Defensoría del Pueblo.

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Casos de impunidad

Las tres familias narraron las graves faltas que el Estado cometió en sus casos, los cuales, pese a los años, aún continúan en investigación preliminar, mientras que los feminicidas están libres.

La hermana de Lesly Vicente (19), quien fue asesinada en Tingo María en el 2020, afirmó que a la fecha les han cambiado de fiscal en 5 oportunidades. Asimismo, ninguno de los sospechosos acude a las citaciones.

“Todas las pruebas se han perdido. Las pericias de las uñas faltan porque no sacaron suficientes muestras. La homologación no se hizo en el lugar adecuado. Las llamadas son incompletas. Hasta ahora no hacen nada”, relató a este diario.

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Otro ejemplo de impunidad se dio en el feminicidio de Mariella Baca (32), cuyos deudos manifiestan que el fiscal a cargo no investigó el caso correctamente. “El fiscal, pese a ser autónomo, no hizo nada, lo dejó libre (al agresor) y lo citó al cuarto día”, indicaron sus padres. Aun con todas estas barreras, las tres familias remarcaron que no pararán hasta encontrar justicia.

El dato

Fallas. Jennie Dador, una de las juezas del tribunal, resaltó que el Ministerio Público, el MIMP y los órganos de justicia no están teniendo “el debido cuidado” al reclutar a su personal, lo cual “afecta” el correcto proceso de los casos.