
El allanamiento a la casa de Luz Marina Zeballos Patrón, esposa de gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, no fue exitoso. El Ministerio Público la investiga por presunto direccionamiento de contratación de personal y favorecimiento a empresas en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La Dirección Contra la Corrupción de Arequipa (DIRCOCOR) falló la noche del golpe. Antes de ejecutar el operativo, comunicaron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que la jefa de campaña y cónyuge de Sánchez estaba en la vivienda N°225 de la Av. Villa Hermosa del distrito de Cerro Colorado.
Cuando llegaron los tres fiscales, diez agentes de la Policía y personal policial de operativos; ni Zeballos ni Sánchez se encontraban. La característica de estas incursiones es que la Policía se encarga de "centrar el objetivo", que la persona investigada esté en el lugar del allanamiento. Es decir, hacer un seguimiento de qué está haciendo, con quiénes y dónde. Ante ello, los fiscales al mando del magistrado Arturo Valencia Paiva, no pudieron solicitar el principal objetivo de la incursión: el celular que usa Zeballos con que habría enviado mensajes y disponer se contrate a colaboradores de la campaña electoral de su esposo.
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El registro del inmueble se prolongó desde las 21:00 horas del 11 de octubre hasta las 02:00 de la mañana del día siguiente y la investigada no llegó. Solo incautaron dos celulares que serían de Zeballos al estar entre sus objetos personales y memorias de almacenamiento (USB). Valencia y su equipo se retiró casi sin decir palabra.
Otro fue el resultado en el allanamiento al inmueble de Alonso Andía Condo, ubicado en Simón Bolívar, de José Luis Bustamante y Rivero. El aportante de campaña y exjefe de la Oficina de Abastecimiento, Logística y Patrimonio del GRA, habría sido designado por injerencia de Zeballos y a la vez contrataría a otros servidores por encargo. A Andía sí se le halló en su hogar e incautó su celular.
Los consejeros César Huamantuma y Miguel Riveros, cuestionaron la intervención a seis meses de la fecha de inicio de diligencias preliminares, 13 de abril. Sin embargo, el Ministerio Público sí solicitó el allanamiento a días de aperturar el caso. En dos oportunidades hicieron el requerimiento a Janett Lastra Ramírez, magistrada del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, pero las denegó ambas. El primer pedido se realizó teniendo las capturas de los mensajes de WhatsApp publicados en la prensa. Lastra requirió mayores indagaciones, como la declaración de la acusada, pese a que la incautación del equipo era vital en este caso. En una segunda solicitud, con mayores indicios como la confirmación de que recomendados en los mensajes, como Steven Ortiz La Torre, sí trabajaban en el GRA, también fue desestimada. Solo en una tercera solicitud, Lastra accedió al contarse con documentación como las contrataciones de los beneficiados.
El allanamiento por fin se dio, pero teniendo como antecedente que Zeballos Patrón en su declaración a la Fiscalía manifestó ya no tener el celular del tiempo en que se indica sucedieron los mensajes. Algo que podría quebrar el caso si no se halla el otro equipo. Por Disposición N° 05-2023 del 25 de setiembre, el Ministerio Público declaró el caso complejo al ampliar la investigación contra Andía Condo, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Con ello se busca ampliar por 60 días más (total 240 días) las indagaciones. Pero la magistrada Lastra emitió la Resolución N°04-2023 el 05 de octubre, disponiendo que concluya la investigación preliminar este 13 de octubre. Considera que no existe como causal de complejidad, incorporar un investigado.
La vivienda de Rohel Sánchez Sánchez, actual gobernador de Arequipa, fue allanada el último miércoles a las 11.00 p. m. por personal de la Policía de Anticorrupción y representantes del Ministerio Público. La acción de las autoridades se da tras el hallazgo de nuevos indicios de la presunta injerencia e intromisión por parte de su esposa Luz Marina Zeballos Patrón
En la mira. Esposa del gobernador de Arequipa sostiene que denuncias son promovidas por personas malintencionadas. Foto: composición LR/ GRA/ La República

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