La comisión especial del Consejo Regional de Arequipa (CRA) encargada de investigar como es que ocurrió la tragedia con 27 mineros muertos, emitió su informe final. El 6 de mayo se produjo un incendio en la mina Esperanza I provocando la muerte por asfixia de los trabajadores de la contratista SERMIGOLD, en la concesión de propiedad de la Minera Yanaquihua SAC, ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos.
El grupo de trabajo integrado por la consejera Roxana Llamoca (presidenta), y consejeros Aarón Maldonado y Osías Ortiz, echó la culpa solo a la Gerencia Regional de Energía y Minas, con una fundamentación general. Concluyen que existen indicios de una permanente negligencia en sus funciones y que se deben instaurar procesos administrativos disciplinarios en contra de funcionarios y servidores de la GREM y la Sub Gerencia de Minería. No especifican razones o quienes serían los responsables. Solo explican que no se fiscalizó las labores mineras de Yanaquihua SAC, antes ni después de producido el siniestro.
Sin embargo, la comisión no evaluó los informes técnicos con decenas de observaciones que emitió la GREM para resolver, mediante resolución, el cierre definitivo de la bocamina Esperanza 1 y el cierre parcial de Esperanza 2. "A la fecha en que se emite el presente, la GREM no alcanzó a esta comisión (…) el informe que contenga el resultado o avance de las investigaciones después del 8 de mayo", señala la comisión.
"Nunca nos hemos negado a entregar información. Pueden decir muchas cosas, pero los papeles hablan y existe la documentación e informes", respondió el extitular del GREM, Yakir Rozas. Acotó que los informes técnicos son hasta de conocimiento de presidencia del CRA.
Integrantes de la comisión, incluso acudieron al lugar de la tragedia el 11 de julio y dialogaron con el administrador de la minera y hasta posaron para las fotos de su visita. Pero fue infructuoso. No existe en el informe la versión o explicaciones que hayan recibido de la empresa sobre el accidente fatal. Se excusan en que el GREM debió acompañarlos y que la prerrogativa que gozan inspectores, fiscalizadores, supervisores no la tienen ellos.
Tampoco se halla en el informe que se haya escuchado a los deudos de las 27 víctimas, que hasta el momento no han recibido ninguna indemnización. Ni menos se tiene la versión de la minera por dicha falta.
"La GREM quiere confundir el Consejo cuando, para justificar su absoluta inacción, se refugia en la falta de recursos", indica una parte del informe. "Nosotros tenemos que decir la realidad. Hay un solo ingeniero de fiscalización junto a otros RH que frustra y limita las fiscalizaciones, una sola camioneta", indicó.
El exfuncionario sostiene que solo ven al GREM como responsable y que el problema es más integral desde el Ejecutivo regional. Sin embargo, la comisión no señala nada sobre las responsabilidades del GRA. Antes de la tragedia, Rozas insistió para que le entreguen mayores recursos (S/ 2 millones) para mejorar la fiscalización, pero no hubo respuesta del gerente general Leonidas Zavala.