Las razones del fracaso en la descontaminación del lago Titicaca en Puno

Zenaida Zea

Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) son clave para Puno. De ellas, depende la descontaminación del lago Titicaca, que recibe los desagües de diez provincias de la región altiplánica.

El proyecto data de hace diez años. En abril del 2021, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) adjudicó a la concesionaria Operadora Ecológica del Titicaca (Opeti), la construcción del primer componente. Este consistía en la instalación de los colectores a gravedad en Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho. El periodo de ejecución era de 11 meses.

La inversión ascendía a S/630 millones. La obra se ejecutaba bajo la modalidad de asociación público- privada.
La empresa operaría el sistema hasta recuperar su inversión. También contemplaba la operación y mantenimiento de la planta existente en Lampa, Yunguyo, Azángaro y Huancané por 30 años.

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Sin embargo, ni bien iniciaron los trabajos, los conflictos con la población fueron una constante. En Puno, los vecinos se quejaban de daños a la infraestructura de sus viviendas por la ruptura de las calles, cierre de las vías de acceso y el abandono de escombros.

Por su parte, regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno denunciaron el incumplimiento del cronograma de la obra. El exregidor Richard Tipo dijo que no podían fiscalizar. La empresa supervisora Lago Azul solo daba sus informes al MVCS.

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La mala racha continuó para Opeti. En mayo del 2022, los obreros Pedro Rojo Pacompía y Gonzalo Quispe Jilapa murieron mientras realizaban trabajos en el distrito de San Miguel. Los deudos siguen clamando que la concesionaria se haga responsable de sus muertes.

Durante el periodo que la contratista estuvo a cargo de las PTAR tuvo constantes conflictos con proveedores y
trabajadores.

En octubre del 2022, Opeti solicitó la nulidad del contrato por supuestos incumplimientos por parte del MCVS. Cuando congresistas puneños, como Carlos Zeballos, aún se interesaban por el tema, se conoció que la empresa invirtió casi S/100 millones y avanzó 37% en las obras. Asimismo, tras la paralización de las obras, había asumido un compromiso para que en un plazo de 90 días restaure las zanjas y calles que dejó abiertas, o de lo contrario, se aplicarían las penalidades.

Incertidumbre

A fines del 2022, el entonces viceministro Richard Acosta, dijo que el saldo de obra sería transferido al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), para que las empresas prestadoras de servicio (EPS) culminen con los trabajos.

El asesor de alcaldía de Puno, Tirso Vargas, dijo que han conformado una comisión técnica para exigir que el MVCS informe la situación legal de las PTAR, pero no hay respuesta. Como ultimátum, junto a la sociedad civil advierten viajar a Lima. Presumen que Opeti recurrió a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y que hay observaciones de Contraloría y que, por parte del Estado, no se hizo ningún desembolso.

El MVCS mantiene hermetismo al respecto. “Hemos solicitado el informe técnico legal que sea de manera específica sobre cuál es la decisión que ha tomado el MVCS”, dijo el abogado.

Razones de Opeti

Abogado Efraín Sullca Quispe, asesor legal del Conrede, dijo que el inconveniente sería el incumplimiento en sanear los predios para la obra. Se perjudica a más 667 habitantes con las obras truncas. Fuentes ligadas a esta empresa sostienen que se planteó el rediseño del perfil del proyecto mal elaborado por ProInversión y a firmar una adenda por los costos adicionales que demandaría. Sin embargo, ello no ocurrió. Vivienda no ha respondido
ante los pedidos de información.

El Conrede apelará a la ley de acceso a la información pública, para que se les remita lo solicitado. Además preparan un segundo foro con los alcaldes involucrados con las PTAR, para exigir la continuidad del proyecto.