Especialistas afirman que no se podría aplicar el plan de seguridad de El Salvador en el Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó el martes 22 de agosto que se podría evaluar instaurar las medidas contra la delincuencia que ejecutó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las cuales han sido denunciadas a nivel internacional por violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, cuestionó por qué "no se toma algo de sus experiencias" para adaptarlas a la realidad peruana. Frente a la situación de inseguridad que se vive actualmente, surge la siguiente pregunta: ¿se puede aplicar el "plan Bukele" en nuestro país?

Para resolver esta duda, La República conversó con dos especialistas en la materia, quienes coincidieron en que el contexto entre ambos países son distintos, por lo que se requieren decisiones que vayan en consonancia con la realidad de cada nación.

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¿Qué controversiales medidas se tomaron en El Salvador para combatir la delincuencia?

De acuerdo con Enrique Castro Vargas, coordinador del proyecto del Taller de Asuntos Públicos, las medidas por las que se hizo conocido el "plan Bukele" comenzaron a implementarse después de que fallecieran aproximadamente 100 personas a causa del conflicto entre pandillas. "Esto, en realidad, habría sido ocasionado por la mara salvatrucha a partir de un quiebre del pacto que, supuestamente, tenían con el Gobierno para tener mejor trato penitenciario de algunos líderes", manifestó.

Por ese motivo, se dictaminó la ejecución de un plan de "control territorial", el cual incluyó un estado de excepción, la intervención de centros penitenciarios, el encarcelamiento de personas sin juicios adecuados, el aislamiento de pandilleros con escasa alimentación y casi sin visitas, el incremento de las penas y el otorgamiento de créditos especiales a las fuerzas del orden para ejecutar las órdenes.

Por otro lado, en abril del año pasado, el Congreso de El Salvador aprobó una modificación de la ley penal juvenil para que niños, niñas y adolescentes pudieran ser condenados por cometer un delito. De esta manera, niños de 12 a 15 años podrían ser encarcelados hasta por diez años, mientras que los menores de 16 podrían tener una pena de hasta 20 años.

Los infantes podían permanecer detenidos hasta que se les dictara una sentencia, lo que limitaba que sus condenas pudieran ser modificadas o incluso anuladas, afirmó la Organización de las Naciones Unidas. "Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte", aseveró la entidad internacional.

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¿Se podrían aplicar estas medidas en nuestro país?

Enrique Castro Vargas, coordinador de proyecto del Taller de Asuntos Públicos, indicó para este medio que la inseguridad en ambos países tienen un contexto distinto. Además, explicó que, en Perú, hay una deslocalización del crimen, más que una descentralización, y que este funciona con “lógicas asociadas al territorio, minería ilegal, trata de personas, extorsión, de robos de celulares”.

Asimismo, manifestó que, en nuestro país, "hay un delito trasnacional relevante a partir de la ausencia del Estado, protegiendo nuestros recursos y la corrupción". A partir de eso, se genera "un caldo de cultivo para que las organizaciones trasnacionales puedan funcionar".

“Se deberían mejorar las estrategias de intervención contra la delincuencia internacional. Acá no tienes que perseguir personas, tienes que perseguir mercados criminales. Las personas son peones”, aseveró.

El exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, también afirmó que los problemas relacionados con las pandillas son distintos en ambas naciones: "Lo que tenemos es un montón de estructuras de crimen organizado, con una gran complejidad".

"Hemos vivido varios meses en estado de emergencia por la situación de seguridad de Lima y Callao. Sin ir muy lejos, el presidente Castillo obtuvo como siete meses en estado de emergencia y no dio ningún resultado. El 'plan Bukele' va más allá del estado de emergencia. Lo que se refiere a la inseguridad en El Salvador está manejada por las maras salvatruchas. Es un solo fenómeno en el cual se centralizaba la inseguridad, extorsiones y asesinatos cometidos por la lucha entre pandillas", aseveró a La República.

"En ese caso, el 80% de los asesinatos y extorsiones provienen de los penales. Eso no ocurre aquí. Ese dato no es comparable con el Perú", agregó.