Perú es el único país en Latinoamérica que ha negado aborto terapéutico a menores 3 veces

Luego de que el caso de ‘Mila’ se diese a conocer, es inevitable recordar situaciones similares en las que los derechos de niñas y adolescentes fueron vulnerados por el Estado. ‘Mila’, de 11 años, fue abusada por su padrastro desde los 6. El agresor fue puesto en libertad después de que el Poder Judicial declarase infundado el pedido de prisión preventiva en Iquitos. Ella se encuentra a la espera de que pueda acceder a su derecho de aborto terapéutico después de que una primera junta médica se lo negase.

Según un estudio presentado por el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), el Perú incumpliría con el consenso que existe entre todos los órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que contempla que el aborto no puede ser un delito en cualquier caso porque las mujeres están expuestas a que sus derechos sean vulnerados.

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En 2001, cuando KL tenía 17 años, fue informada de que el feto que llevaba en su vientre era anencefálico, es decir, que no contaba con partes del encéfalo o cráneo. Tras solicitar que se le realice un aborto terapéutico, se le negó su acceso y fue obligada a terminar con su embarazo. El bebé solo sobrevivió cuatro días.

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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 2005, determinó que la imposibilidad de KL de realizar un aborto terapéutico violó sus derechos. Por lo tanto, señaló que el Estado tenía la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan acciones semejantes en el futuro.

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Luego de 14 años, el Estado del Perú le pagó una reparación y le brindó una disculpa pública a KL el 5 de marzo del 2019. A raíz de este caso, se pudo dictar la aprobación del aborto terapéutico en el país en el 2014.

En 2011, se conoció el caso de LC, una niña de 13 años, víctima de violación sexual. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) sentenció nuevamente al Estado peruano, ya que LC tenía un grave riesgo de quedar con una discapacidad permanente, y le negaron el acceso a un aborto terapéutico.

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De igual forma, en junio del 2023, el Comité de Derechos del Niño de la ONU sancionó al Perú por rechazar el acceso al aborto terapéutico a Camila, una menor que era agredida sexualmente desde que tenía 9 años y que quedó embarazada a los 13. El Estado fue identificado como el principal responsable por no informar ni brindarle un oportuno acceso a un aborto legal y seguro.