Como es público, una niña de 11 años quedó embarazada tras el sometimiento y abuso sexual de su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, de 41 años, que actualmente continúa en libertad. El caso está judicializado y a nivel internacional ya se sabe que la víctima aún no encuentra justicia en Perú.
La menor tiene 18 semanas de gestación y de acuerdo con la abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Isbelia Ruiz, que asumió su defensa legal, es necesario que ahora mismo acceda a un aborto terapéutico que se le ha sido negado.
De acuerdo con su madre, la víctima fue ultrajada desde los 7 años. Actualmente, está bajo la custodia de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer.
PUEDES VER: ONU solicita al Estado peruano reconsiderar el aborto terapéutico para niña violentada en Loreto
El informe final tras la junta de médicos del Hospital Regional de Loreto dice que la menor aparentemente no presenta ningún riesgo en su salud ni en su vida, pero no toma en cuenta que es una niña. También señala que no hay ningún riesgo de salud mental que le impida gestar y llevar a cabo un embarazo, "es increíble que tengamos un informe de este tipo", sostiene la defensa.
Además, los médicos determinaron que los casos de violación no están incluidos dentro del protocolo del aborto terapéutico.
En el Perú, el aborto terapéutico se despenalizó en 1924 y es la herramienta legal a la que alude la oficina de las Naciones Unidas. A través de un pronunciamiento expresa su profunda preocupación por la vulneración de los derechos de la pequeña. Asimismo, pidió al estado peruano valorar la afectación de la salud física y emocional que supone el embarazo en la niñez y utilizar todos los mecanismos legales que estén a su alcance.
"Si la niña está bajo la protección del Estado, ¿quién tiene que garantizar que la niña acceda a sus derechos?, el Estado mismo", asegura Isbelia Ruiz.
PUEDES VER: Separan a directora del MIMP en Loreto tras obstaculizar aborto terapéutico para niña víctima de violación
Por la vía penal, el caso no es más alentador. El agresor, es decir, el padrastro, está libre. "Es vergonzoso que el Poder Judicial haya dado libertad a una persona aparentemente por falta de pruebas de violación, teniendo a la niña embarazada y siendo la misma niña quien acusó al violador", indica la abogada.
Aluden falta de elementos de convicción. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Aldo Atarama, sostuvo a través de RPP: "Es cierto que hay trámites procedimentales que lamentablemente no se han hecho bien por parte de uno y otro lado. Nos preocupa que habiendo una denuncia de esta naturaleza, no se tengan las consecuencias que a veces la ciudadanía espera, pero eso es producto muchas veces de la falta de elementos que se llevan al procedimiento".
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) pide que se reconsidere la prisión efectiva para el agresor y que el Ministerio de Salud (Minsa) convoque con urgencia una junta médica para garantizar el acceso al aborto terapéutico.
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).