La empresa Rutas de Lima manifestó su rechazo hacia la Municipalidad de Lima al argumentar que el municipio realiza actos de hostigamiento y amedrentamiento a su accionista mayoritario y controlador, la multinacional canadiense Brookfield. Asimismo, afirmó que la denuncia penal presentada por la MML contra Brookfield "carece de sustento y es claramente difamatoria e intimidatoria".
Mediante su comunicado, la empresa responsable de los peajes en Lima Metropolitana señaló: "Las acusaciones de la MML se basan en artículos periodísticos de hace más de cinco años sacados de contexto, y no son otra cosa sino un nuevo ataque en su andanada de acciones orientadas a apropiarse ilegítimamente de la concesión de Rutas de Lima". Asimismo, brindó argumentos sobre los 'ataques' por parte de la comuna.
Entre los argumentos que señala la empresa Rutas de Lima en su comunicado, figuran los siguientes:
La empresa refiere que la Municipalidad de Lima quiso caducar de forma arbitraria y de manera ilegal el contrato de concesión. Sin embargo, ello no pudo lograrse porque el Tribunal Arbitral suspendió el proceso de caducidad a través de una medida cautelar.
Rutas de Lima acusa a la MML de desacatar la orden del Tribunal Arbitral mediante la presentación de denuncias penales en contra de los árbitros autores de la decisión. Además, afirma que principales instituciones arbitrales del Perú denominan de 'irregular' dicha denuncia.
La concesionaria precisa que el municipio quiso obtener una medida cautelar en una corte del país, cuando el organismo que tiene la potestad de otorgar es el Tribunal Arbitral Internacional.
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El alcalde de la MML, Rafael López Aliaga, anunció una 'estrategia legal' para recuperar los peajes de la Panamericana Norte y Sur. De esta manera, el procurador del municipio, Carlos Cosavalente, presentó ante la Fiscalía una solicitud para que se abra una investigación en contra de la multinacional Brookfield por presunto lavado de activos.