El caso de la niña Camila, a quien las autoridades rechazaron su pedido de interrumpir un embarazo producto de la violación sexual cometida por su propio padre, no es un episodio aislado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que el incidente de Camila refuerza su preocupación por el incremento de la violencia y los maltratos en agravio de los niños y exhortó al Estado peruano a adoptar medidas para proteger a los menores de edad.
El 13 de junio, el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de investigar el caso de Camila, concluyó que el Perú violó los derechos de la niña al negarle acceso al aborto terapéutico. El padre de Camila abusó sexualmente de ella durante varios años y esta quedó embarazada a los 13. Las autorizades no solo se opusieron al aborto terapéutico, sino que también la estigmatizaron y maltrataron, afectándola psicológicamente.
Unicef recordó que, entre 2017 y 2022, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) registró 72.996 casos de violencia en agravio de niños, y que, de este total, el 92,6% de las víctimas fueron niñas y adolescentes. Más precisamente, en el 19% de los casos, el agresor fue el progenitor, como ocurrió con Camila, la niña de Apurímac cuya historia llegó hasta la ONU.
“Ante esta preocupante situación, desde Unicef señalamos la necesidad de contar con mecanismos de protección eficientes, así como con protocolos claros desde el sector salud para atender casos de violencia sexual de niñas y adolescentes mujeres que dejen clara la opción de interrupción terapéutica del embarazo según la legislación peruana establecida”, señaló la organización.
Para Unicef, el dictamen del CDN de la ONU que señala la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Camila “es histórico para la región de América Latina y el Caribe”, porque se trata de un llamado “para que los Estados fortalezcan la aplicación del enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes en las y los operadores de sus diversos servicios”.
De acuerdo con cifras oficiales, cada día se registran 30 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, sin contar los incidentes que no se denuncian, que podrían ser muchos más.
Después de revisar el caso de Camila, y de señalar las responsabilidades del Estado peruano, el CDN lo exhortó a que despenalice el aborto para los casos de embarazo infantil y reforme la legislación para que las niñas puedan acceder al aborto terapéutico.
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“Unicef espera que el Estado peruano, como principal garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, adopte las medidas dictadas por el CDN y use todos los mecanismos que estén a su alcance para evitar que haya situaciones de violaciones de derechos similares en el futuro”, señaló la organización.