El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, visitó Puno donde se reunió con los familiares de los fallecidos y heridos por las protestas sociales contra Dina Boluarte. Les prometió gestionar el retorno de las carpetas fiscales a Juliaca y ciudades donde ocurrieron los decesos. “El viernes de la semana pasada, después de haber regresado de Ayacucho, la fiscal de la Nación, me recibió en su despacho. Yo trasladé el pedido, que las carpetas que fueron trasladadas a Lima, vuelvan a investigarse en las mismas regiones donde ocurrieron los hechos”, refirió.
Gutiérrez dijo que el pedido fue aprobado. Los equipos especiales están en un proceso de capacitación, mientras se cumplen las diligencias. El funcionario señaló que le corresponde al Ministerio Público determinar la responsabilidad de las muertes, y de quienes hayan obrado de manera indirecta (autor intelectual). Indicó que la Defensoría estará pendiente de cada una de las investigaciones. “Seremos exigentes de que estos temas sean tratados de la manera más rápida y puedan aclararse”, sostuvo.
El abogado de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, César Quispe Calsín, señaló que el defensor prometió que el lunes 12 de junio les mostrará el documento del petitorio a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En la reunión, al defensor se le mostró placas radiográficas y otras evidencias que daban cuenta de la situación de algunos heridos.
Asumió el compromiso para garantizar su atención médica. Quispe Calsín precisó que de los más de 80 heridos producto de las protestas en Juliaca, Macusani, Ilave y Juli, 40 están a cargo de la asociación que representa. Todavía hay heridos con balas y perdigones en el cuerpo, como Belarmino Quispe Pacompía.
Asimismo, Gutiérrez les dijo que también se canalizará las demandas de los heridos y huérfanos de las protestas, cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad y no cuentan con los recursos para afrontar el proceso en Lima. Deficiencias Durante la supervisión a algunas entidades públicas, Josué Gutiérrez, halló deficiencias en su logística, como en el caso de los hospitales Manuel Núñez Butrón de Puno y Carlos Monge Medrano de Juliaca. También visitó el comedor de la Universidad Nacional del Altiplano, la Beneficencia Pública de Puno, un albergue y el penal de Mujeres de Lampa. En este último recinto halló que hay una sobrepoblación de 263 %, pues su capacidad es para 44 internas, pero actualmente hay 161.
Amnistía Internacional dio a conocer su informe sobre la masacre ocurrida el pasado 9 de enero en la región del altiplano. Durante la presentación, revelaron 13 casos y otros por confirmar, en los que la Policía disparó con intención de matar a los ciudadanos de la localidad. Lo anterior se identificó por el uso de armas letales; así como la forma, el tiempo y el lugar donde ocurrieron los hechos.
"Hablamos de que hubo ataques generalizados hacia la población, eso quiere decir que deben ser investigadas las autoridades de hasta el más alto nivel. Eso no solo incluye a los policías y militares, sino también civiles, es decir, ministros, el premier Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte", aseguró, para La República, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro.