Derivan a Lima carpetas fiscales de muertes en protestas de Puno
Preocupación. Abogados de los agraviados consideran que la Fiscalía de la Nación pretende obstaculizar las investigaciones.
Zenaida Zea/La República
El abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, Wilmer Quiroz, confirmó que nueve carpetas fiscales sobre las muertes y personas heridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, fueron derivadas al equipo especial de la Fiscalía en Derechos Humanos de Lima.
Los casos remitidos corresponden a las 18 muertes a raíz de las manifestaciones del 9 de enero en Juliaca, los dos ronderos fallecidos tras enfrentamientos con la policía el 18 de enero en Macusani y el caso de Isidro Arcata Mamani (62), fallecido dos días después en Ilave.
También se fue a Lima el caso de los seis soldados que murieron en marzo, cuando intentaron cruzar el río Ilave. Otro de los expedientes que se fue a Lima es el de las personas agredidas en Juli.
Solo una denuncia de tortura y una agresión ocurrida en otras fechas, permanecen en Juliaca, según el abogado César Quispe Calsín.
El letrado lamentó esta decisión, a pesar que el fiscal de Derechos Humanos, Hugo Vizcarra, en una reunión del 4 de mayo, garantizó a la exdefensora del Pueblo, Eliana Revollar, que las investigaciones sobre las muertes del 9 de enero se seguirían realizando en Juliaca.
Indicó que el fiscal Vizcarra envió las carpetas fiscales a Lima a presión de la Fiscalía de La Nación.
Los abogados de los agraviados consideran que la Fiscalía de la Nación desde hace tiempo ha tratado de obstaculizar las investigaciones, y con esta actuación, se estaría evidenciando sus intenciones para que las presuntas violaciones a derechos humanos queden en la impunidad.
César Quispe señala que se está perjudicando el proceso legal, porque todavía estaban pendientes las declaraciones de varios de los agraviados.
