Desalojarán a comunidad campesina en Cusco tras denuncia de exhacendado
Tantacalla. Juez ordenó que más de 220 familias desalojen su comunidad por denuncia de exhacendado. Comisión de Derechos Humanos cuestiona decisión y asesorará a pobladores.
La comunidad campesina de Tantacalla del distrito de Huanoquite, en la provincia de Paruro, tiene una orden de desalojo desde el año 2011. El denunciante Luis Paz Vizcarra es un exhacendado quien reclama los predios, bajo la premisa de que los documentos que acreditaban a los comuneros como dueños solo eran temporales.
A finales de 2022, la Corte Superior de Justicia volvió a notificar a los comuneros para que desalojen el terreno. El Poder Judicial aun no emite la orden de desalojo. La comunidad tiene el respaldo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Advierten que denunciarán al Estado peruano ante instancias internacionales por violar los derechos de los pueblos indígenas.
El secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, Miguel Jugo, señaló que esta decisión es cuestionable y arbitraria por tratarse de un caso de la jueza, Bony Gamarra Flórez, destituida por la Junta Nacional de Justicia por casos de corrupción.
"La comunidad existe desde 1926, la jueza falla a favor de un exhacendado por un certificado de inscripción registral de un testamento, están yendo por encima de todo, ni siquiera los quieren reconocer como población nativa pese a ser una comunidad quechua", dijo Jugo.
Los comuneros aducen que no existe motivo para retirarse. Refieren que después de la reforma agraria estos terrenos dejaron de pertenecerle a la familia Vizcarra.
Inicio de la historia
Todo inicia en 2005, cuando Luis Paz Vizcarra denunció a la comunidad por nulidad e insubsistencia parcial del título de propiedad, cancelación parcial del asiento de inscripción registral y reivindicación de las tierras de la comunidad. Fue en 2009 que un Juzgado Mixto le da la razón a Vizcarra. Los comuneros apelan, en 2011 la Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia ordenando el desalojo de más de 220 familias.
En 2016 un contingente policial y maquinaria llega al lugar para destruir las viviendas y retirar a los comuneros, pero la resistencia de los pobladores impidió el proceso.