Pueblo indígena wampís denuncia posible contratación de docentes acusados de abuso sexual
Son 30 los profesores que tienen procesos por el delito de abuso sexual. Defensoría del Pueblo se negó a supervisar personalmente el proceso por la lejanía de los distritos.
Mirada atenta, escritura rápida y el peligro latente de ser víctimas de abuso sexual. Así podrían recibir sus clases decenas de niños del pueblo indígena wampís, del distrito de Río Santiago (Amazonas), luego de que 30 profesores, que postularon al proceso de contratación docente para el año 2023, presenten procesos disciplinarios y sanciones por el referido delito.
Fueron las autoridades wampís, quienes advirtieron que por lo menos 30 docentes —que se presentaron a la primera etapa de selección de expedientes por Prueba Única Nacional a la UGEL de dicha localidad— tienen procesos disciplinarios y sanciones por abuso sexual.
Debido al peligro inminente que ello representa para la salvaguarda de los escolares, el comité rechazó a tales postulantes y exige que la UGEL respete su decisión, porque en años anteriores se ha contratado a educadores con procesos por el referido delito y, además, se ha reportado denuncias orales de casos de acoso sexual.
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“Años atrás, sí se han registrado casos de acoso sexual en las aulas por parte de los docentes, sin embargo, nunca se pudo interponer una denuncia ante las autoridades debido a que los pueblos se encuentran muy alejados. Toma aproximadamente una hora o más, en bote, ir a la ciudad donde están las comisarías”, precisó el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) para La República.
Asimismo, GTANW manifestó que, durante años, las Ugeles han contratado abogados para defender a docentes que han cometido abusos sexuales, bajo el pretexto de proveer a sus trabajadores una defensa legal que vele por sus derechos laborales.
“No podemos ir, está muy lejos”
Ante este problema, las autoridades wampís solicitaron a la Defensoría del Pueblo que intervenga para supervisar el proceso de contratación docente. “No podemos ir, está muy lejos”, fue la respuesta.
“Los funcionarios nos dijeron que no podrán monitorear el proceso de la adjudicación docente debido a que una directiva interna se lo impide, así como la ausencia de recursos humanos y financieros para el viaje y otros requerimientos”, indicó GTANW para este medio.
Defensoría del Pueblo indicó que no cuenta con presupuesto para supervisar el proceso de adjudicación docente. Foto: Florence Goupil/GTANW
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En lugar de ello, la Defensoría indicó que mantendrán comunicación con las Ugeles y el MINEDU, y recomendó que velarán por un buen procedimiento de adjudicación docente y abordarán la problemática de los abusos sexuales de manera adecuada.
De esa forma, los escolares del distrito de Río Santiago (Amazonas) y Datem del Marañon (Loreto) quedan desprotegidos, una vez más, ante una entidad del Estado y, de no ser respetadas las observaciones del comité Wampís, las escuela a las que asisten no serán un espacio seguro.
Canales de ayuda
Si conoces a alguien o eres una persona afectada por hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). La atención se realiza en quechua, aimara y castellano. Asimismo, se puede realizar desde un teléfono fijo o móvil.
