Proyecto de ley de Fuerza Popular atentaría contra la vida de los indígenas en aislamiento del Perú

“Ellos solo piensan en extraer los recursos maderables y no maderables, desean el caucho, el petróleo, hasta pretenden poseer el agua de nuestros ríos”, dice el apu Miguel Manihuari Tamani del pueblo Kukama Kukamiria y dirigente de Orpio, una de las pocas organizaciones que luchan por anular la iniciativa legislativa que pretende modificar la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento o Contacto Inicial (Piaci) del Perú. Una propuesta que, de aprobarse, provocaría la desaparición sistemática de estas comunidades.

Todo empezó en noviembre del 2022, cuando el congresista fujimorista Jorge Morante propuso el proyecto de ley n.º 03518 que busca modificar la única normativa que vela por los derechos fundamentales de los Piaci.

Desde entonces, el apu Miguel, a pesar de que no es su lengua originaria, alza su voz en español en representación y defensa de los 20 Piaci reconocidos por el Estado y los cinco en proceso de reconocimiento oficial. Lo hace también por las reservas indígenas donde habitan. Actualmente, son siete creadas y cuatro en solicitud que, en total, suman un aproximado de 10 millones de hectáreas. 

Una gran extensión territorial que tanto empresarios como gobiernos regionales (GORE) buscan obtener para promover actividades económicas extractivas. 

“No están respetando de que se trata de lugares santuarios donde nuestros hermanos se relacionan con el bosque y la tierra. Las grandes autoridades tienen otra visión”, exclama el apu Miguel para La República.

Una visión que, además, causaría el exterminio de estos pueblos que, al enfrentarse al contacto con la sociedad, estarían expuestos a enfermedades para las cuales no tienen un sistema inmunológico preparado. “Una simple gripe significaría la muerte de todo un pueblo”, sentencia.

A continuación, te detallamos todo lo que debes saber sobre el proyecto de ley n.º 03518.

¿Cuáles serían las consecuencias del proyecto ley?

Principalmente, la iniciativa de Fuerza Popular propone dos modificaciones. Seguidamente, te presentamos cuáles son y sus consecuencias.

1. Facultar a los gobiernos regionales (Gore) para revocar o extinguir el reconocimiento de la existencia de los Piaci y de las reservas indígenas creadas a su favor.

El ente encargado de velar por los derechos fundamentales de los Piaci es el Ministerio de Cultura. Al transferir esas competencias a los GORE, se debilitaría la institucionalidad construida en 16 años y, además, se facultará a un organismo con intereses económicos y nada interesado en la protección de los pueblos indígenas.

Prueba de ello es un oficio dirigido al Ministerio de Cultura, en agosto de 2022, en el que el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, solicitó la nulidad del reconocimiento de los Piaci.

La máxima autoridad regional de Loreto indicó que sería “respetuoso de los pueblos no contactados, si los hubiera”.

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2. Suspender los procesos de reconocimiento de la existencia de otros Piaci y la demarcación de las reservas indígenas que están en curso.

Con esto, los territorios de los Piaci perderían su protección y quedarían expuestos a la invasión de operaciones madereras, mineras, de petróleo y gas, colonización, redes viales y actividades extractivas ilícitas. 

Además, las siete reservas indígenas ya creadas y la demarcación de las aún pendientes podrían cancelarse.

En consecuencia, de aprobarse esta modificatoria de ley, los Piaci estarán sometidos a su destrucción física y exterminio tras la desprotección de sus territorios de vida. 

¿Cuáles son los fundamentos del proyecto de ley?

Falta de evidencia científica para determinar la población de Piaci

El proyecto de la bancada fujimorista sustenta su propuesta en supuestas falencias en la Ley n.° 28736, señalando que sus informes no evidencian científicamente la existencia de los Piaci y ello “limita innecesariamente el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en dichos territorios e impide la ejecución de proyectos de inversión pública o privada tan necesaria para impulsar el desarrollo de la Amazonía”. 

En otras palabras, bajo su concepto, el reconocimiento de los Piaci representa un obstáculo para el “desarrollo” local. Asimismo, exigen evidencias científicas, como imágenes satelitales, para estimar el volumen poblacional y a partir de ello cuestionar la extensión territorial concedida.

Frente a esto, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), que representa a 39 federaciones y más de 500 comunidades nativas pertenecientes a 30 pueblos indígenas de Loreto, expresó para este medio que, en estos casos, los estudios, además de fotos tomadas en sobrevuelo de la zona, se basan en los relatos orales e información brindada por pueblos originarios con parentesco o que colindan con estos territorios.

Asimismo, precisaron que se trata de comunidades nómades que, muy pocas veces, construyen malocas (viviendas). Sobre todo, precisaron que cualquier tipo de contacto podría significar el exterminio de esta población vulnerable a las enfermedades.

Testimonios de comunidades indígenas que niegan la existencia de los Piaci

De la misma forma, otro de los sustentos del proyecto de modificatoria son los testimonios de las comunidades nativas del Alto Curaray y Arabela, quienes rechazan la creación de reservas indígenas en sus territorios, manifestando que no hay presencia de Piaci. 

Esa demanda responde al temor de estas comunidades de perder su tierra; sin embargo, la delimitación de una reserva natural no les afectaría en lo absoluto, puesto que, si ellos afirman que no han presenciado algún Piaci desde hace muchos años, entonces tal zona quedaría excluida de cualquier demarcación. Se trataría, por lo tanto, de desinformación.

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Amenazas constantes

Orpio denunció públicamente que sus dirigentes y miembros de federaciones locales son amenazados por los representantes de la Coordinadora de Desarrollo de Loreto, funcionarios del gobierno regional loretano y empresas petroleras, como Perenco.

Diversas organizaciones exigen la nulidad del proyecto de ley

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó que “la aprobación de este proyecto de ley implicaría nada menos que el genocidio y exterminio total de los 25 pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial que viven en el Perú”.

De la misma forma, por medio de un informe legal, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó una opinión legal ante la Comisión de Descentralización del Congreso, en la cual concluye que el proyecto de ley debe ser “desestimado al atentar directamente contra los derechos a la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”.

Por su parte, la antropóloga de Orpio, Beatriz Huertas, explicó para este medio: “Al desconocer la existencia de estos pueblos, se pasa por encima de sus derechos fundamentales a la vida, salud, integridad y territorio. Sin duda, este proyecto de ley llevaría a su exterminio tal como pasó con los Nahua Nanti. Por ello, es fundamental que estas colectividades vulnerables cuenten con una protección especial”.