La ciudad de Puno y otras once provincias de la región altiplánica el 21 de diciembre amanecieron paralizadas. Los ciudadanos exigieron la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y referéndum para que la ciudadanía se pronuncie si está de acuerdo o no con el cambio de la Constitución del Perú.
Fue la decisión del Congreso de convocar a elecciones generales recién para abril de 2024 y no para abril de 2023, lo que exacerbó los ánimos de los representantes de diferentes organizaciones sociales.
La ciudad lacustre vivió un cierra puertas total. Las principales vías de comunicación fueron cerradas por los transportistas, quienes colocaron sus unidades para que ningún carro circule. Solo la ciudad de Juliaca estuvo subsumida en la normalidad porque retomarán sus acciones de protesta desde el 04 de enero de 2023.
“Rechazaron la propuesta de la izquierda para que se consulte a la ciudadanía si quieren o no el cambio de la Constitución Política, pero la derecha se sale con su gusto de convocar elecciones para el 2024 y hacer reformas electorales a su medida. Eso es el colmo. Este Congreso tiene que irse y Dina Boluarte, tiene que renunciar sí o sí”, dijo el transportista Manuel Torres.
Los dirigentes definirán cuándo y cómo será la marcha de las regiones del sur a Lima. La medida busca la renuncia de Dina Boluarte por la muerte de 22 personas en manos de la Policía Nacional y el Ejército.
Desde Arequipa, el presidente del Frente de Defensa de Cono Norte, Felipe Domímguez, manifestó que continuarán con las protestas debido a que su propuesta eran elecciones el próximo año. “Cuando quieren hacer lo legal, lo estiran, pero cuando quieren vacar a un presidente, lo hacen en cuestión de horas”, dijo. Anunciaron una marcha para este jueves.
Entre tanto, algunos congresistas del sur, como Jaime Quito de Perú Libre también se mostraron en contra de la aprobación al 2024 y consideró que esto debió ser en 2023. De igual forma, opinó, mediante redes sociales, la legisladora María Agüero Gutiérrez. Esta señaló que el Legislativo le dio la espalda al país, al aprobar el adelanto hasta el 2024.
Respecto al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el congresista Quito consideró que no cambiará en nada la situación, mientras que Agüero opinó que Dina Boluarte lo “ha premiado” por la represión y posibles crímenes de lesa humanidad.
El arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, confió en que con esta aprobación de anticipo de elecciones generales, que debe ser confirmada en la próxima legislatura, se pueda recuperar el clima de tranquilidad y fortalecer la democracia. “Es comprensible que hay sectores de la sociedad que necesitan que sus expectativas sean escuchadas y canalizadas por las autoridades, creo que es una lección que hay que aprender, sobre todo los políticos. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes que hay personas malintencionadas que se aprovechan de estos hermanos nuestros, no para construir sino para destruir aeropuertos, edificios públicos, propiedad privada y vidas humanas. A los políticos, decirles que esperamos que estén aprendiendo la lección. Un problema que yo veo y que se está globalizando es la incapacidad de las personas de procurar comprender al otro, hay un individualismo exacerbado (...)”, dijo.
El acuerdo del Congreso es lo más realista a lo que se ha podido llegar, que unos estarán contentos y otros no, es cierto pero esta es la realidad y ahora tenemos que unirnos para que esto pueda traer los mejores frutos posibles.