
El pasado 24 de agosto, una adolescente de 15 años, quien retornaba a su casa luego de una jornada escolar, recibió un disparo en la cabeza tras resistirse a un robo. Cinco días después, los familiares de la menor informaban que esta no logró salir con vida de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida.
Luego de este hecho, otras dos personas han sido asesinadas producto de la delincuencia y el sicariato en la provincia de Sullana, en la región de Piura. Además, esta semana, el principal hospital de esta jurisdicción sufrió el robo de equipos que están valorizados en cerca de 10.000 soles.
“En esa zona de la avenida circunvalación, donde transitan alumnos de educación secundaria, del turno tarde, de los colegios Santa Teresa de Jesús y Fé y Alegría, esos jóvenes siempre son asaltados porque la luz es pobre. Les roban sus mochilas, sus celulares. Ya hemos pedido el cambio de luces neón a luces LED”, comenta Francisco Olivares, secretario general de la Junta Vecinal del asentamiento humano Santa Teresita, una jurisdicción calificada como “zona roja”.
En esa línea, la autoridad añade que otros de los problemas que asolan al asentamiento son la comercialización de drogas y los asesinatos. “Por mi casa ha habido dos intentos de matar a personas, y eso que está en el centro de Santa Teresita”, describe de forma contundente.
Cuando se le consulta con respecto a posibles soluciones, Francisco Olivares asevera que el estado de emergencia no sería la solución para los problemas que enfrenta la población. En esa línea, apunta que el trabajo de inteligencia sería una herramienta más efectiva contra los hechos delictivos, así como mantener una labor coordinada con las autoridades de las jurisdicciones más afectadas para implementar acciones con un enfoque preventivo.
Esta visión coincide con algunos de los pedidos que realiza el funcionario al Estado desde hace ya un tiempo: instalar cámaras de videovigilancia, facilitar el salón comunal para que se convierta en un puesto de auxilio rápido y ejecutar un mega complejo deportivo donde jóvenes y niños puedan invertir su tiempo alejados del pandillaje. “Esperamos una respuesta firme de las próximas autoridades”, finalizó.
Al respecto, los candidatos a la alcaldía provincial de Sullana plantearon algunas de sus propuestas para combatir la delincuencia en esta zona.
En el caso de Marlem Mogollón, postulante por Región para Todos, comentó que buscarán que el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se reúna con mayor frecuencia y que quienes participen no sean voceros, ya que eso dificultaría la toma de decisiones. Además, Mogollón sostuvo que se implementará, en su eventual gestión, una línea para que las denuncias sean recibidas rápidamente por el personal policial, y que se ejecutarán complejos deportivos con el fin de incentivar hábitos saludables en los más jóvenes.
Por su parte, Alfredo Neyra, de Alianza para el Progreso, propuso poner operativo el proyecto de instalación de 56 cámaras de videovigilancia, cinco camionetas, cuatro puestos de auxilio rápido, cuatro observatorios y una base central. Una segunda acción sería generar un programa de capacitación permanente para el personal de serenazgo.
“Necesitamos hacer gestiones para recibir agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad. Pienso que debe haber, por lo menos, cuatro comisarías más. Una tendría que establecerse en Bellavista y otra en el Alto Chira”, puntualizó. También hizo énfasis en contratar personal para tratar la salud mental de la población, un servicio focalizado en niños y jóvenes que viven en zonas de mayor violencia.
Asimismo, el candidato por Somos Perú, Charlys Arévalo, apostó por impulsar la recategorización de las comisarías de la provincia para poder dotarlas de mejor infraestructura y más personal. En esa línea, añadió que su eventual gestión construirá dos nuevas en Nuevo Sullana y el Alto Chira. “Pasaremos de 54 a 210 cámaras de videovigilancia”, añadió.
Además, Arévalo propuso el programa “Mi Amigo el Sereno” y la primera gran central operativa de seguridad. La primera propuesta busca facilitar una respuesta rápida por parte de los trabajadores municipales a la ciudadanía. En el segundo caso, contempla la coordinación de la seguridad ciudadana directamente con las Juntas Vecinales Comunales.
Por último, César Correa, del movimiento Fuerza Regional, indicó que se promoverá la conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y se implementará un programa para jóvenes con problema de conducta a través de convenios con instituciones para permitirles insertarse en el mercado laboral en mejores condiciones.

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