Casi dos semanas después de que el Congreso promulgara la ley n.° 31498 que veta los textos escolares y sin que el Ejecutivo informe sobre sus próximas acciones, más de 40 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en “Educación sin retroceso” han acordado acudir al Poder Judicial y presentar una acción de amparo a fin de frenar la ejecución de la norma.
“Es autoaplicativa (de aplicación inmediata e incondicionada); o sea, sí se puede interponer la demanda pidiendo que no se aplique porque es inconstitucional. Pone en peligro derechos fundamentales que queremos resguardar como a la educación, al acceso a la información, libertad de expresión, opinión, entre otros”, sostiene Andrea Carrasco, asesora de incidencia jurídica de Promsex, entidad que tendrá a su cargo la defensa legal del caso ante el PJ.
La presentación de esta demanda, la cual puede abrir las puertas a una medida cautelar y así paralizar temporalmente el avance de la norma, será liderada por una menor y su madre, como representante legal. “Lo hará a título personal y a nombre de todos los niños y adolescentes que van a ser afectados”.
Esto se hará, dice Carrasco, en un juzgado de Lima, aunque no se descarta, más adelante, llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hay que recordar que la ley en cuestión -ya vigente- ordena que el contenido de los textos escolares pase por la revisión de determinadas organizaciones de padres de familia, entre ellas las que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral. Dichos grupos, incluso, ya pueden formular observaciones a los materiales que se usan en escuelas.
Por otro lado, la agrupación civil “Educación sin retroceso” exhortó al ministro de Educación, Rosendo Serna, a que disponga las medidas necesarias para “reducir al máximo” los impactos de la norma y garantice que todas las voces de los padres y madres -no solo de grupos conservadores- estén representadas y sus opiniones fundamentadas en evidencia.
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Esto va en la línea de lo solicitado por el Consejo Nacional de Educación (CNE), el cual espera que el proceso de elaboración del reglamento de la ley, a cargo del Minedu, permita atenuar sus “efectos nocivos”.
Y es que, una vez dada la norma, el ministro Rosendo Serna aseguró que el reglamento se dará de acuerdo a las atribuciones que le otorga a su sector la ley orgánica de funciones.
Sin embargo, el extitular de Educación Ricardo Cuenca ha dicho que es muy difícil incorporar puntos que no aparecen en la ley. “Un reglamento no puede contradecir a esta”.
Los grupos conservadores lograron imponerse en el Congreso y ahora tienen carta libre para exigir los textos a su medida. El funcionario que no lo haga puede ser destituido. Foto: Félix Contreras/La República
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Pese a que el ministro Serna asegura que la ley no autoriza a los padres a decidir sobre los temas que serán incluidos en el currículo nacional, lo cierto es que este último documento sí resulta afectado. “El procedimiento de elaboración de los currículos debe sujetarse al cumplimiento de los principios y procedimientos de la norma”, dice el documento.
Foro Educativo, junto con diversas organizaciones, también tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional.
Entre los miembros de “Educación sin retroceso” figuran Foro Educativo, Red de Ollas comunes, Chirapaq, entre otros.
Esdras Medina (RP), conocido rostro de Con mis hijos no te metas, promovió dicha ley.