Después de idas y venidas, el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que dispone el ingreso libre a universidades, institutos, así como a escuelas tecnológicas y pedagógicas públicas, el cual pasará al Congreso para su debate y votación. Esta medida no será universal, sino que se implementará de forma gradual y focalizada en un sector de jóvenes que terminan la secundaria, como adelantó La República.
Se trata de una estrategia que crea la modalidad de admisión de ingreso libre —adicional a las ya existentes—, la cual estará dirigida a egresados de secundaria o estudiantes de quinto de media con alto rendimiento académico y en condición de vulnerabilidad.
Para el primer requisito, debería contar con un desempeño destacado en comparación con un grupo, a nivel de colegio y a lo largo de su formación en la educación básica. Para el segundo, tiene que encontrarse en condición de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) o, si no está identificado, vivir en una situación social, cultural o económica de desventaja.
Dicha estrategia incluye mecanismos de orientación vocacional, becas para gastos de permanencia, ampliación de vacantes, y ciclo de nivelación.
Este último será obligatorio para estudiantes del ingreso libre, quienes no rinden un examen de admisión como sí ocurre en el proceso ordinario. Lo planteado es que el ciclo dure de 4 a 6 meses, antes de estudios generales. En caso de que el alumno lo desapruebe, será retirado de la universidad, según una de las últimas versiones del proyecto al que se tuvo acceso.
La propuesta, que también modifica artículos de la Ley Universitaria, será vista en la Comisión de Educación y, de aprobarse, pasaría al Pleno. Si se da luz verde y se publica, el Ministerio de Educación (Minedu) tendrá que dar disposiciones para definir criterios técnicos. No obstante, el presidente de la referida comisión, Esdras Medina, también promotor de la denominada contrarreforma, ha cuestionado el proyecto. Este último difiere del primer anuncio del presidente Castillo, incluso en campaña, quien solo hablaba de un “ingreso libre a las universidades”.
Así, y con base en los antecedentes, que incluso se trabajaron durante su gestión, el exdirector de Educación Superior del Minedu, Jorge Mori, considera que se trata de una propuesta “técnicamente solvente”, al ser focalizada y gradual. “Permite reservar un grupo de vacantes a los mejores alumnos de colegios en regiones. Es una modalidad que aplican muchas universidades privadas”, dijo.
Agregó, no obstante, que se requerirá que dicha estrategia esté acompañada de recursos. Este también es el pedido de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), cuyo presidente, Américo Guevara, señala que no se oponen a la medida, pero que urge presupuesto para implementarla. Lo que tienen hoy no alcanza. “El servicio incluye el ciclo de nivelación, docentes, administrativos,comedor, atención en biblioteca”, dijo.
Guevara duda que se implemente este año, dados los recursos y la planificación. Detalla que Minedu designará a los estudiantes en cada universidad.
El Ejecutivo habla de ampliación de 6.000 plazas; no obstante, es posible que estas no solo sean destinadas a ingreso libre, sino a otras modalidades.
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Durante el I Foro de Universidades del Perú, hubo cuestionamientos a la forma como el Minedu anunció el retorno a la presencialidad, a menos de dos meses del semestre 2022-2. Agregaron que se deberían aprovechar los recursos de la educación virtual adquiridos por las privadas y que habría riesgo de abandono de alumnos.
“Preocupan las normas sorpresivas que buscaron acelerar el regreso a la presencialidad sin coordinar con universidades y la Sunedu. Estimamos que más del 20% de los alumnos estarían en provincias, y a poco más de un mes no podrían regresar”, dijo Juan Ostoja, de la USIL.