Masacre de mineros por disputa de oro en Arequipa

Por: Roberth Orihuela Q.

La madrugada del 2 de diciembre del 2020 Edwin Ramos Guerreros fue asesinado de dos disparos en la cabeza en frente de dos mujeres. El hombre fue reducido por personal de vigilancia de la empresa minera Intigold Mining SA, dueña de la concesión minera donde se explota oro. El motivo del ataque, de acuerdo a la carpeta fiscal, era que este y otros mineros artesanales informales de la Asociación Calpa Renace se habrían negado a pagar las regalías “abusivas” —de 40% de su extracción— que les exigía la compañía con tal de dejarlos seguir operando en su denuncio minero.

El hecho lo denunciaron las esposas de los mineros artesanales que fueron atacados esa madrugada en su campamento ante la Comisaría de Caravelí. Y el saldo registrado fue de dos personas fallecidas: Edwin Ramos y otro joven no identificado. Además, otros 9 heridos de bala fueron llevados al centro de salud de Caravelí, Arequipa.

Masacre por el oro

Este fue solo el comienzo de una serie de ataques y contraataques que han perpetrado tres grupos bien identificados con el fin de controlar las minas de oro de la zona de Calpa, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí. Por un lado, está la Asociación Calpa Renace; en medio Atico Calpa; y por el otro extremo la empresa minera Intigold Mining SA. Esta última, de acuerdo a la apreciación de diversas autoridades, habría sido la causante de todo el conflicto. Esto porque de manera ilegal habría permitido las operaciones de ambas asociaciones, cobrando “regalías”, que fueron aumentando hasta ser impagables y que buscaban saldar con ataques mortales. El último enfrentamiento, perpetrado el primer día de junio, dejó como saldo 14 muertos, 12 desaparecidos y 31 detenidos.

Una masacre por el oro que pudo evitarse. Y es que las autoridades locales ya tenían conocimiento del nivel de agresión al que estaban llegando los mineros. De acuerdo a las investigaciones, los tres bandos optaron por contratar sicarios, pistoleros y otros delincuentes provenientes de diversas zonas del país, con el fin de obtener protección para continuar con sus operaciones. En paralelo, las dos asociaciones buscaban una tregua. La última reunión, con acta de por medio, realizada por el prefecto de la región, Yeremi Torres, se habría realizado días previos al atentado.

¿Qué pasó? El prefecto no lo sabe, pero apunta a que la empresa minera habría optado por cumplir las amenazas. Esta vez el grupo afectado fueron la Asociación Atico Calpa.

El ataque habría iniciado la mañana del 2 de junio, principalmente con armas de fuego de corto y largo alcance y dinamita. La Policía tuvo que intervenir, pero también sufrieron el ataque de todos los frentes. Al final pudieron detener a varias personas, que llevaban consigo armamento y ropa táctica de las Fuerzas Armadas.

También se contaron los primeros siete muertos. Ayer miércoles el Ministerio Público reportó el hallazgo de otros siete cuerpos. Además, fuentes de la zona anunciaron otro cuerpo, con características de haber fallecido hace mucho tiempo.

Autoridades analizan estado de emergencia

Ante tal crisis, las autoridades civiles y policiales de la región se reunieron ayer en la sede de la Prefectura. La cita, que empezó a las 10 de la mañana, se prolongó hasta pasadas las dos de la tarde. A su salida, el prefecto regional anunció que se realizaría una mesa de diálogo con la presencia de los representantes de las dos asociaciones en conflicto y estaban buscando la forma de contactar a la empresa Intigold Mining SA para que también se presente. El objetivo es limar las asperezas y llegar a una tregua, con el fin de que cesen los ataques y la pérdida de vidas. La cita se realizará hoy a partir de las 10 de la mañana en el municipio provincial de Camaná, como lugar neutral.

El prefecto también describió la problemática: “Se trata de un problema generado por Intigold Mining SA. Esta empresa habría entregado concesiones ilegales a los mineros artesanales con el fin de cobrarles regalías, que también serían ilegales. Primero lo hicieron con Calpa Renace, quienes se negaron y luego entraron los señores de Atico Calpa. Estos últimos fueron atacados por los asociados de Calpa Renace”, explicó.

El jefe de la Región Policial Arequipa, Luis Pacheco Mesías, señaló que se envió a un equipo de investigación criminal hacia la zona. Este apoyará a las autoridades fiscales al levantamiento de los últimos cuerpos detectados. También dijo que en la zona hay suficiente personal policial para mantener el orden. Dijo que tras el anuncio de la cita de hoy, se espera que los manifestantes despejen la Panamericana Sur y permitan el tránsito libre de los vehículos. Por el momento los mineros solo dejan pasar buses de pasajeros.

Empresa niega todo

Este medio pudo hablar con el abogado de Intigold Mining SA, Frank Melo Herrera. Este negó todas las acusaciones y calificó las denuncias en contra de la empresa y sus trabajadores como calumniosas y sin fundamento. Explicó que en 2017 fueron invadidos por Calpa Renace y desde entonces siempre buscaron desalojarlos. Es más, informó que en unos días se daría la sentencia contra 400 mineros informales de este grupo por el delito de usurpación.

Melo Herrera también dijo que la investigación fiscal por Crimen Organizado que se sigue en contra de la dueña —Rossana Calmet Guazzoti— y otros trabajadores, fue interpuesta por un dirigente de Calpa Renace y que no tendría fundamentos. “Que presenten el contrato de concesión, comprobantes de los pagos que hacían. No tienen ninguna prueba. Son dichos suyos para victimizarse”, aseveró.

Sobre la Asociación Atico Calpa, dijo que tienen la intención de apoyarlos, por ser mineros locales, pero antes debían desalojar a los mineros de Calpa Renace. Señalaron que existe un proceso de liquidación de la empresa, debido a una crisis a la que entraron porque no han podido operar desde 2017. Pero este proceso también estaba por revertirse, al haber tenido varios vacíos legales.

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