El último viernes 29 de abril, la División de Homicidios de la Dirincri intervino una vivienda ubicada a la altura de la cuadra 30 de la avenida José Granda en el distrito de San Martín de Porres.
Los agentes policiales encontraron el cadáver de un hombre atado y embolsado en el baño del recinto. Serían tres las personas que habrían tenido participación en el homicidio, mientras que los otros dos detenidos no tendrían conocimiento del suceso.
Según narraron los implicados en el asesinato, se encontraban consumiendo sustancias tóxicas cuando se inició una gresca donde hicieron uso de armas blancas, y la víctima, cuya identidad aún se desconoce, recibió las puñaladas que acabaron con su vida.
Tras las primeras indagaciones, se presume que Raúl Lorenzo García Vega (35) sería el autor del homicidio. El sujeto registra hasta tres ingresos a centros penitenciarios (Lurigancho, Huaral y Cañete), uno de ellos por homicidio. “He estado preso casi toda mi vida”, comentó al ser intervenido.
En el inmueble, los efectivos policiales narraron a La República que encontraron el cadáver maniatado y embolsado en el baño. Según indicó la PNP, el cuerpo no llevaría más de 24 horas en ese estado. También, en la escena del crimen se encontraron otros insumos y herramientas.
El general Carlos Céspedes, jefe de la Dirincri, informó que los involucrados habrían sido identificados como Jesús Rebata Chinga (37) y Pedro Luis Sotelo Navarro (36). Se presume que ambos habrían tenido intenciones de ayudar a Raúl Lorenzo García Vega a descuartizar y trasladar el cuerpo de la víctima.
Al interior de la vivienda también estaba una mujer que señalaba encontrarse en el lugar desde hace tres días, y un hombre que aseguraba haber llegado esa misma tarde. Ambos indicaron no tener conocimiento del crimen y afirmaron haber estado consumiendo pasta básica de cocaína.
Los vecinos de la urbanización Condevilla se mostraron bastante preocupados respecto a los hechos ocurridos en el inmueble en cuestión, pues aseguran que la zona, así como parques aledaños, son puntos de reunión de personas con distintos tipos de adicciones. Esto supone un gran riesgo para los niños y jóvenes que han iniciado clases presenciales en los centros educativos de la urbanización.
Las autoridades también especulan que el recinto donde ocurrió el asesinato se trataba de una base de microcomercialización de droga.