Juan Antonio Enríquez García fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) el miércoles 13 de abril, un día después de haber secuestrado y abusado de una menor de 3 años en Chiclayo.
El individuo de 48 años fue retenido en flagrancia en el segundo piso de su vivienda y, cuando esta figura se da, las autoridades pueden iniciar de inmediato un juicio oral en su contra.
Sin embargo, en este caso optaron por seguir el debido proceso, que es enviarlo a prisión preventiva mientras se evalúa las incidencias a detalle y se obtiene nueva información que contribuya en las pesquisas.
Sin embargo, esta decisión ha sido cuestionada por gran parte de la población, que exige medidas severas de inmediato.
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro explicó que en estos casos sí es necesario ir paso a paso, ya que hay información que debe ser corroborada. También consideró que el proceso debe darse pese a que haya una confesión sincera y terminación anticipada.
“Se podía hacer, pero en la medida que el caso esté cerrado. Normalmente estos casos requieren una serie de diligencias, que son las pericias, y estas requieren ratificación. No necesariamente es un caso para pasarlo a juicio oral”, subrayó ante La República.
Esta posición también fue respaldada por el abogado penalista Mario Amoretti, quien advirtió que el acusado puede apegarse a medidas que lo beneficien bajo el pretexto de que estas no serán revisadas con cautela.
“Se puede hacer un proceso de inmediato, pero la Corte Suprema ya ha señalado que en el proceso inmediato se vulnera el derecho de la defensa”, sostuvo.
Este suceso, además de despertar la indignación, también ha hecho que las autoridades se pregunten por medidas preventivas que deben ponerse en marcha. Algunas de ellas son la educación con enfoque de género y educación sexual integral.
Melissa Sánchez, coordinadora regional del programa de sexualidad y autonomía física de la organización feminista Manuela Ramos, hizo hincapié en estos temas y dijo que, de ponerse en marcha, se lograría que niñas y niños crezcan a una sociedad más respetuosa.
Asimismo, se erradicaría la hipersexualidad masculina, que solo le ha hecho creer a los hombres que sus placeres sexuales son más importantes que cualquier otra cosa, incluso que está por encima de los cuerpos ajenos.
“Esto le enseña a niñas y niños a identificar las situaciones de riesgo, a poder hablar con papá, mamá y docente si tienen algún tipo de incomodidad. El enfoque de género también hace que los niños crezcan sabiendo que son iguales y que deben respetar el cuerpo de las otras personas”, precisó la especialista.
Hay sanciones duras y una de ellas es la cadena perpetua para violadores de menores de 10 años. Esta entró en vigencia en el 2018; sin embargo, desde entonces no se ha visto una reducción considerable en los abusos contra niños.
Melissa Sánchez acotó que esto se debe a que hay un “clima de impunidad” en la nación que hace que el agresor se sienta protegido. Ante esto, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer, PNP, Ministerio Público y Poder Judicial a reforzar su apoyo y acompañamiento a las víctimas de estas agresiones sexuales y casos similares.
“Este sistema de justicia no garantiza justicia para las víctimas, en su lugar termina siendo revictimizante. (...) Este clima les dice a los agresores que pueden seguir haciéndolo porque nada les va a pasar. El sistema justicia debe ser garante y los operadores deben acompañar a las víctimas”, sentenció.
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Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).