El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, destacó la decisión de apoyar con mayor fuerza a los pueblos nativos en su lucha contra el narcotráfico que los afecta de manera directa, lo cual se logrará a través de un trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades.
”Tenemos el compromiso de continuar apoyando a los pueblos originarios en Huánuco y Ucayali. Tenemos que hacer una alianza con las comunidades, con los socios internacionales para combatir la deforestación de los bosques, que están vinculados al narcotráfico y a otros delitos”, manifestó Soberón durante su participación en el Conversatorio “Dos años sin Arbildo Meléndez, narcotráfico, usurpación de tierras y violencia en Huánuco”.
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Dijo que el Pacto Social Ciudadano, en el marco de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, contribuirá a la reducción de cultivos ilícitos de hoja de coca de manera focalizada y sostenible en territorios de los pueblos indígenas, las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, así como en los bosques de protección permanente y las zonas de frontera.
Explicó que al 2020, se registra un total de 9.989 hectáreas de cultivos de coca con fines ilícitos, de las cuales 6.475 hectáreas están en comunidades nativas y 3.515 hectáreas en comunidades campesinas a nivel nacional. De este total, se registran 793 hectáreas en Huánuco y Ucayali.
También anotó que la amenaza a las vidas de defensores y defensoras indígenas de Huánuco y otras regiones amazónicas aún es crítica debido a la presencia de actividades ilegales en los territorios comunales.
El conversatorio se desarrolló en el auditorio de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y fue organizado por la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo-Fenacoka, Aidesep, Amazon Watch, el Instituto de Defensa Legal y el Instituto del Bien Común (IBC).
Intervinieron Marcelino Tangoa, presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, a la que pertenecía Arbildo Meléndez.
También Carmen Loyola, especialista socioambiental del Instituto del Bien Común. Asimismo, asistieron Daniel Jara, coordinador de las Fiscalías de derechos humanos; y Edgardo Rodríguez, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El encuentro fue moderado por lideresa yanesha, Teresita Antazú.
Foto: Devida
”Necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, de nuestros niños y contar con proyectos de desarrollo de acuerdo a la cosmovisión de nuestro pueblo. La única alternativa como pueblos originarios es caminar juntos tanto las comunidades indígenas como el Estado”, manifestó Herlin Odicio, presidenta de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo, quien destacó el trabajo de Devida en la actualización de los Planes de Vida y agregó que esperan ser parte de este proceso.
Devida explicó que estos documentos de gestión se elaboran con una proyección de desarrollo a tres años. Además, permiten a la población y autoridades definir una visión de progreso de manera articulada y participativa, con miras a alcanzar una inclusión sostenible y el bienestar de la población en cuatro ejes de desarrollo: social, económico, ambiental y organizacional.
A la fecha, estos planes se desarrollan con las comunidades nativas de Sinchi Roca I, en el distrito de Irazola, en la provincia de Padre Abad (Ucayali), y en las comunidades nativas de Santa Martha, Alianza Santa Martha y Campo Verde, en el distrito del Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca (Huánuco). El conversatorio se realizó al cumplirse 2 años del asesinato del entonces presidente de la comunidad indígena de Unipacuyacu y líder kakataibo Arbildo Meléndez, ocurrido el 12 de abril del 2020.
Los participantes destacaron la labor de Meléndez en beneficio de su comunidad, como la titulación de las tierras de su comunidad. Este hecho generó disputas con invasores que lo amenazaron de muerte en reiteradas ocasiones.
Arbildo Meléndez Grandes