La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación que realizó la Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con un proveedor, por S/ 36 938 150, para el servicio de alimentación de los internos e internas y sus menores hijos, así como del personal que labora en los establecimientos penitenciarios de las regiones de Piura y La Libertad.
De acuerdo al Informe de Auditoría n.° 201-2022, el cual se realizó en el marco del operativo anticorrupción entre el 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2020, la entidad otorgó la buena pro y suscribió contratos al margen de la norma, con un único proveedor que no acreditó las exigencias previstas en las bases del concurso público n. ° 01-2019 y de las contrataciones directas n.° 01 y n.° 02-2020. La Contraloría agregó que esta situación limitó la participación de posibles postores.
De acuerdo al concurso n.° 01-2019, se otorgó la buena pro y se suscribieron dos contratos por S/ 22 492 687, sin que el personal del Área de Logística desarrolle la indagación de mercado y solo considere como valor estimado el monto de la cotización presentada por el único postor que, además, ya venía prestando dichos servicios en la entidad con contrato vigente.
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El postor presentó la llamada: Promesa de Consorcio para Piura y La Libertad, pero no ejecutó las exigencias previstas en las bases integradas. Incluso en Piura no acreditó los requisitos correspondientes a la formación académica del personal clave (cocinero o chef profesional o técnico en gastronomía). Es por eso que la Contraloría señaló que las ofertas no debieron ser admitidas y el procedimiento debió ser declarado desierto al no haber recibido oferta válida.
La Contraloría intervino en las oficinas del Inpe. Foto: Contraloría
Tampoco remitió la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento de los contratos. Aunque, el Jefe de Logística dio conformidad a la documentación presentada y solicitó continuar con el trámite para la suscripción de los contratos.
Cabe señalar que en el concurso público se generó retrasos e incumplimientos normativos, que conllevó a que el Inpe, ante el desabastecimiento de alimentos realice prestaciones adicionales, contrataciones complementarias y adjudicaciones menores por ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y contrataciones directas, con el mismo proveedor; pero esta vez por S/ 14 445 463.
En este contexto, el ente de control identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 12 funcionarios y exfuncionarios, así como en servidores y exservidores.