Chiclayo: piden intervención de Gobierno en obra de saneamiento suspendida

Dirigentes de los pueblos jóvenes Las Vegas, Saman y La Unión, ubicados en el margen de la carretera que une los distritos de Chiclayo y Pomalca (región Lambayeque), demandaron al Gobierno central su intervención en la culminación de la obra de agua potable y alcantarillado, que se encuentra paralizada desde hace varios meses.

El proyecto ejecutado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), por más de S/ 55 millones, se inició en marzo de 2019, pero quedó suspendido al año siguiente por la pandemia. Sin embargo, hasta marzo de 2022, los trabajos no se reinician.

Sin atención

En agosto de 2021, la Contraloría advirtió deficiencias técnicas en la ejecución de la obra (con conexiones domiciliarias) que beneficiará a 12 pueblos jóvenes: Villa Progreso, Upis Miraflores, Las Vegas, Samán, California, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro Prialé II, San Félix, San Francisco de Asís y La Unión.

“Esta obra está inconclusa y con el peligro de ser un nuevo elefante blanco por la culpa de Epsel y la empresa constructora. Hemos tenido conocimiento que se ha resuelto el contrato por controversias de Epsel, quien no ha atendido a tiempo las solicitudes del consorcio. ¿Y quienes son los perjudicados? Los perjudicados son los pobladores, cerca de 20.000 familias abandonadas por las autoridades”, indicó a este diario el dirigente Elmer Pasapera Peralta.

En su momento, la Contraloría, a través del informe de control n.° 009-2021, señaló que el contratista y la supervisión alertaron oportunamente sobre la presencia de fuerzas hidráulicas no contempladas en el estudio técnico, y que generarían fisuras y agrietamientos en la construcción de una planta de tratamiento de agua potable para los pueblos jóvenes.

A pesar de las advertencias, Epsel no implementó acciones al respecto y ordenó continuar con la construcción. Además, la entidad de saneamiento demoró 131 días para absolver una consulta sobre incongruencias técnicas respecto al tipo, características y diseño de la cimentación del reservorio, elevado de 1.600 metros cúbicos.

“Tenemos conocimiento que al resolverse el contrato, se tiene que hacer un nuevo expediente técnico de lo que falta de la obra, lo cual se conoce como saldo de la obra. Para hacer esto, se hace un largo proceso que consiste en un inventario de cuánto se ha hecho y cuánto falta de la obra, planificar un nuevo presupuesto, licitar a la empresa que hará el expediente técnico, entre otros. Es decir, la obra seguirá paralizada por mucho tiempo, entre cuatro a cinco años más. Y eso si es que Epsel no vuelve a hacer un mal expediente técnico”, comentó Pasapera Peralta.

A su turno, el poblador Manuel Sánchez Tesén advirtió que la paralización de esta obra de saneamiento pone en riesgo el funcionamiento de servicios básicos en los colegios ubicados en los 12 pueblos jóvenes. Pidió que las instituciones fiscalizadoras lleven a cabo diligencias en los centros educativos ante el reinicio de clases presenciales.

“Los alumnos van regresar a clases y no van a tener agua para sus necesidad fisiológicas. Esto es una problemática terrible y pedimos a las autoridades que respeten los derechos de los niños. Pedimos atención del Gobierno ante de la deficiencia de Epsel”, explicó Sánchez Tesén.

Sánchez y Pasapera coincidieron en precisar que la ejecución de la obra debe estar a cargo del Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a fin de garantizar su culminación.

En noviembre de 2021, Epsel anunció que los trabajos del proyecto de saneamiento fueron retomados; sin embargo, los vecinos negaron dicha versión y aseguraron que los trabajos avanzados están en riesgo.

“Se ha pedido información en cuanto al dinero que se ha gastado en la obra, además, de conocer la situación de las cartas fianzas. Epsel debe responder los oficios y transparentar el proceso”, añadió Pasapera.

Asimismo, ambos vecinos subrayaron que los trabajos inconclusos implicaron el cierre de sus pozos sépticos, lo cual ha perjudicado el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Aclararon que gastan un promedio de más de 200 soles al mes para comprar agua.

Niños olvidados

Marcela Elías y Claudia Cruz Vásquez, moradoras del pueblo joven Saman, indicaron a La República que tienen que comprar baldes de aguas y usar pozos ciegos para sus necesidades básicas. Afirmaron que los estudiantes deben acudir a los baños de sus viviendas durante el periodo de clases presenciales.

“Los pobladores estamos olvidados. En Saman no hay condiciones, mientras Epsel y el consorcio solo ven sus intereses de dinero. Queremos que el ministro de Vivienda asuma este proyecto porque sino nunca vamos a surgir como pueblos jóvenes”, aclaró Claudia.

“Yo ya tengo más de 50 años en el pueblo joven Saman y, a pesar que está a cinco minutos del centro de Chiclayo, está olvidado. Mis abuelos y mis padres son de este lugar y nada ha cambiado. En este lugar, hay un colegio que tampoco tiene agua y desagüe. Los niños son los más perjudicados”, mencionó Marcela Elías.

Los vecinos han anunciado una marcha pacífica para pedir la solución a sus problemas de servicios básicos. A mediados de febrero de 2022, un grupo de moradores bloqueó la vía Chiclayo-Pomalca como medida de protesta.

“Es lamentable que las autoridades solo nos escuchen cuando bloqueamos carreteras. Sin embargo, esperamos diálogo y una urgente respuesta”, sostuvo Pasapera.