PUCP: estudiantes podrían ser suspendidas tras visibilizar a docente denunciado por acoso sexual

Seis dirigentes estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) estarían a punto de perder un ciclo académico de estudios por denunciar en redes sociales que su universidad volvería a contratar a docente que contaba con denuncias de acoso y hostigamiento sexual.

Para ellas, esto representa una criminalización de la denuncia y una ataque a la representación estudiantil. Además, algunas de las denunciadas verán dañadas sus carreras universitarias, ya que de proceder la sanción, sus padres no les permitirán volver a la universidad.

Los hechos

Todo empezó cuando la Secretaría Técnica de la PUCP, espacio encargado de atender denuncias de la comunidad estudiantil, recibió quejas del docente Luis Castillo, en donde indicaba que estaría siendo difamado por la página de Facebook de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP).

Ante ello, Micaela Balazar, presidenta de la FEPUCP, se quedó sorprendida, pues estas publicaciones se hicieron en el marco de la campaña estudiantil “Matrícula Sin Agresores”, en el ciclo académico 2021-II. Cabe resaltar que Luis Castillo sí cuenta con denuncias que lo señalan.

“Estas publicaciones fueron difundidas en el marco de una campaña para alertar a la comunidad universitaria acerca de las acusaciones que tenían docentes y, de paso, exigir a la universidad que se tomen acciones concretas. Es lamentable que ahora la universidad que tiene este reglamento unificado se este utilizando para acallar este tipo de acciones”, señala Balazar para La República.

Sobre el docente denunciado

Luis Jaime Castillo Butters, docente de arqueología, fue investigado por acoso sexual durante el 2020 a raíz de la acusación de la periodista estadounidense Michael Balter, quien reveló testimonios de cinco estudiantes mujeres que incluyen relaciones sexuales con ellas, intimidación, represalias, actitudes sexistas severas, comentarios inapropiados, acoso sexual y explotación sexual de estudiantes que trabajaban en San José de Moro.

La posición de la universidad

En un diálogo con La República, el secretario técnico de la PUCP, Francisco Mendoza; la secretaria de instrucción y exministra de Justicia, Ana Neyra; y la asesora de género del Vicerrectorado Académico, Maria del Carmen Mate, explicaron la posición de la casa de estudios.

Mendoza comenta que su espacio tiene como obligación recibir estas denuncias de los docentes, así como los respectivos descargos de las representantes estudiantiles, y realizar una investigación para decidir si se abrirá o no un proceso sancionador a las alumnas.

En este caso, la Secretaría Técnica decidió abrir un proceso y sobre ello recomendar a la Comisión de Procesos Disciplinarios, espacio encargado de sancionar a las estudiantes en primera instancia, que se debía sancionar a las alumnas con suspensión de 16 semanas, es decir, de un ciclo académico, ya que, según indicó Mendoza, “así lo indica el reglamento de la universidad”.

Por otro lado, en cuanto al docente, Ana Neyra señaló que las anteriores comisiones de investigación de la PUCP no pudieron encontrar ninguna prueba probatoria para sancionar a Luis Castillo, a pesar de que se cuenta con una investigación periodística y cinco testimonios de por medio en su contra.

¿Es válida la sanción que ha recomendando la Secretaría Técnica de la PUCP?

Beatriz Ramirez Huaroto, abogada y docente especialista en género, señala que la universidad está tomando graves decisiones hacia las estudiantes. En primer lugar, la especialista indica que el comunicado que ha sacado la universidad, donde se relata que ‘En un Estado Constitucional de Derecho como es el caso de nuestro país no se puede condenar a una persona sin que antes se haya llevado a cabo un debido proceso’, está equivocado.

“No es correcto porque justamente en los casos de violencia de género las víctimas denuncian de forma anónima y así no se logran acreditar los hechos. ¿Eso significa que lo que denunciaron fue mentira o que no se ha podido probar para una sanción? El estándar que esta poniendo la universidad es que no se puede hacer eco de las denuncias si no se ha recibido una sanción de una autoridad y eso desconoce la realidad de los casos de violencia de género”, señala Ramírez.

En el Perú, la denuncia pública mediante redes sociales que deciden realizar algunas sobrevivientes de violencia de género como respuesta frente la indolencia de otras autoridades no se ha legislado para darle validez como es el caso de Colombia, donde se tiene una constitucionalidad permisiva y tolerante ante ello. “Esto debe ser porque las denuncias de género no son las mismas que otras (denuncias) y no se le puede poner la exigencia que otros casos (ejemplo: acusación de corrupción). Justamente porque las víctimas no quieren denunciar formalmente, ya que tienen miedo”, resalta la abogada.

En la misma línea, la especialista recalcó que mas allá de la responsabilidad de los docentes, el problema es que la universidad ha decido sancionar a las estudiantes por hacer eco de las denuncias: “O sea, según lo que ellos indican, ninguna persona del país podría hacer eco de ningún caso”.

Por otro lado, esta situación se vuelve más preocupante para la experta, ya que se está sancionando a la representación estudiantil por difundir información de interés público: “A la universidad le puede gustar o no, pero la tarea de los representantes no es ser cómodos a la universidad: su misión es denunciar”.

La situación de las estudiantes denunciadas

Ante las investigaciones realizadas, Scarlett Huamis, secretaria de género de la FEPUCP, señala que en un inicio entendieron el proceso que debía seguir la Secretaría, pero luego esta investigación se torno más preocupante para ellas cuando se les informó sobre la sanción. “Una cosa es que acepten la denuncia; pero sancionarnos un ciclo es impactante. Es como si nos estuvieran diciendo que lo que estamos haciendo es una falta muy grave”, declararon las estudiantes.

A pesar de que la asesora de género de la PUCP indicó para este medio que la universidad valora y promueve la actitud crítica de denuncia de los estudiantes, Huamis señala que con el proceso disciplinario hacia ellos se expresa todo lo contrario.

“No solo nos afecta nosotras, sino que afecta directamente a todo el movimiento estudiantil, porque eso quiere decir que cuando una compañera que quiere denunciar a un profesor, este puede venir a presentar su denuncia contra ella y la universidad la va sancionar”, comenta la secretaria de género.

De la misma forma, Ramirez señala que el mensaje que está dando la universidad a las estudiantes es que si no tienen un proceso con condena, no pueden hablar. “Eso es grave porque en nuestro país no hay sanciones disciplinarias y en nuestro sistema judicial no hay condenas. Entonces casi nadie podría denunciar. Les estas quitando voz a las víctimas y a las personas que les hacen eco”, puntualizó.

Ahora, las estudiantes esperan que la Comisión de Procesos Disciplinarios pueda tener una opinión diferente a la de la Secretaría Técnica. De lo contrario, manifiestan que apelarán hasta la última instancia, el Tribunal de Honor, que decidirá la sanción definitiva.

“La comisión (disciplinaria) evaluará si hay difamación o no. De repente puede pasar que la comisión toma una decisión diferente a la que recomienda la secretaría técnica y esta será totalmente válida”, acotó Neyra.

Sobre la mención al docente Daniel Parodi

En la publicación original de esta nota, el día 24 de febrero del 2022, se sugirió que el profesor Daniel Parodi tendría una denuncia por acoso sexual, algo que él ha negado presentando documentos de la universidad.

Además, en un inicio no se recogió sus descargos como corresponde, debido a que la nota estaba centrada en las estudiantes. Ante ello, pedimos disculpas y hacemos la rectificación.

Adjuntamos la carta que envió a la redacción donde expone su punto de vista y los documentos emitidos por la PUCP sobre el caso.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectado o involucrado en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).