La Contraloría identificó un perjuicio económico por S/ 4 494 770 en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Antonio Raimondi y Mariscal Luzuriaga (Áncash), debido a pagos irregulares de incentivos laborales adicionales a favor de funcionarios y trabajadores administrativos, lo que afectó a recursos destinados al pago de docentes y servicios de aprendizaje.
El informe N.º 30505-2021-CG/GRAN-AC detalló que, entre enero del 2018 y diciembre del 2020, funcionarios y servidores de la UGEL Antonio Raimondi ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por S/ 2 462 480, ya que otorgaron incentivos laborales adicionales en beneficio propio y el de trabajadores administrativos contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.
El pago adicional se hizo a pesar que se cumplió con desembolsar el incentivo que autorizó el Ministerio de Economía (MEF); sin embargo, se pagaron adicionales que no correspondían, basados en una Resolución de Gerencial Regional que no estaba registrada en el Aplicativo para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de Recursos Humanos del Sector Público.
Para su financiamiento se afectó el presupuesto destinado al aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular. En consecuencia, en el 2018 se benefició irregularmente a 23 trabajadores, incluyendo a los funcionarios que tenían a su cargo el manejo de los recursos. En el 2019, el pago se hizo a favor de 25 trabajadores, mientras que, en el 2020, los beneficiarios fueron 20 servidores.
Según el informe de auditoría, 14 trabajadores tendrían presunta responsabilidad penal o administrativa.
Por otro lado, se determinó que en la UGEL Mariscal Luzuriaga se simuló el pago de planillas de remuneraciones del personal activo con montos superiores a los que les correspondía a fin de destinarlos al pago irregular de incentivos adicionales a pesar de no contar con autorización. Esta situación ocasionó a la entidad un perjuicio económico por S/ 2 032 290.
El desembolso de los incentivos adicionales fue hecho en base a escalas establecidas en la Resolución de Gerencial Regional, la cual no contaba con presupuesto asignado, por lo que se afectó los recursos destinados al pago de docentes que son de uso exclusivo para el personal del magisterio.
En el 2019, a pesar de haber cumplido con el pago del incentivo único establecido por el MEF, los funcionarios elaboraron planillas adicionales para el pago irregular que favoreció a 24 trabajadores, incluyendo a quienes autorizaron los desembolsos. En el 2020 se benefició a 27 trabajadores. Por estos hechos, 12 funcionarios y servidores tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.