Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, el gobernador de La Libertad planteó que se optimice la ley y el reglamento de Contrataciones del Estado, estipulando que todo nuevo proyecto de obra pública, especialmente de infraestructura, que incluya la provisión de servicios básicos como agua, luz, equipamiento, personal e incluso accesos.
“Se podría legislar para evitar que las obras se paralicen o no funcionen a su término por falta de estos servicios, como está ocurriendo en diversas partes del país”, indicó ante dicha comisión, Manuel Llempén Coronel.
“Por ejemplo el Gobierno regional se encargó de conectar al hospital la red general de agua, la energía eléctrica y construir una vía de acceso. Tuvimos que asumir todo eso para ponerlo operativo debido a las necesidades que hubo durante la pandemia”, agregó.
Llempén también propuso que se legisle para que la Contraloría General haga control concurrente durante la ejecución de todos los proyectos con inversión pública y explicó que eso se puede lograr fácilmente, ya que estos proyectos cuentan con supervisores que contratan las unidades ejecutoras.
“La modificación para el control concurrente implicaría que los supervisores, siendo pagados por las unidades ejecutoras, dependan directamente de la Contraloría, la que podría capacitar a ingenieros y otros profesionales en diversas especialidades en su Escuela de Control”, dijo.
Gobernador de La Libertad informó que Hospital Pacasmayo funciona desde diciembre del 2020 y no hay obras paralizadas en el sector salud. Foto: Congreso
Manuel Llempén Coronel junto a los gobernadores de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Huánuco y Amazonas, fue citado por la comisión de Fiscalización, que preside Héctor Ventura Ángel, que investiga la paralización de la construcción de 3.314 obras en el país, incluidos 14 hospitales.
En el caso de La Libertad fue por el nuevo hospital de Pacasmayo, pero los legisladores fueron informados que está funcionando desde diciembre del año 2020 y que el Gobierno Regional de La Libertad tuvo que asumir los servicios no incluidos en el proyecto.