Cusco: adenda a favor de empresa de López Aliaga plagada de vicios

La adenda para ampliar la concesión del hotel Sanctuary Lodge a favor de una de las empresas del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, se dio de manera irregular. Ese análisis se desprende del informe 36-2021 de la Contraloría General de la República.

La polémica adenda fue firmada en el gobierno del exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito. Amplió la concesión del hotel localizado en la ciudadela de Machupicchu hasta el 2025 a favor de la empresa Peru Belmond Hotel SA, que tiene de accionista a López. Se trata de uno de los hospedajes más caros: la noche en habitación simple supera los S/ 3.300.

La historia

El Gobierno Regional del Cusco concesionó el 27 de enero de 1995 el hotel de turistas Machupicchu a la empresa turística regional Inka SA (Enturin), la misma que con el tiempo pasó a ser Peru Belmond Hotel SA. El contrato duraba 20 años y fenecía el 16 de mayo del 2015. Después de esa fecha, el hotel debía ser devuelto al gobierno regional, pero una adenda firmada por Acurio le permitió continuar con la operación.

El informe de auditoría confirmó que el documento no cumplió los procedimientos legales. La adenda fue firmada el 29 de noviembre del 2013, sin el visto bueno de Asesoría Jurídica del gobierno regional. El informe legal recién ingresó el 27 de diciembre, es decir, un mes después de la adenda.

Según la auditoría, Acurio Tito tomó la decisión individual de renovar el contrato. No contó con informes de áreas pertinentes: Tesorería o Patrimonio para revisar los antecedentes del contrato. Tampoco hubo un informe técnico que sustente las variaciones económicas que debían estipularse. El contrato inicial determinaba un monto fijo mensual de 6 mil dólares a favor del gobierno regional por el uso del hotel. La adenda lo modificó a 10 mil dólares, según la Contraloría, en realidad el incremento solo ascendió a 761 dólares. ¿Cómo así? Por efecto del reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pactado en el contrato, el monto de la retribución fija ascendió a 8 mil dólares sin IGV en diciembre del 2013 y en mayo del 2015 (fecha en la que entró en vigencia la adenda), la transferencia fue de 9 238 dólares, sin IGV.

Además, no se tomó en cuenta documentos existentes de oposición a la renovación del contrato de consejeros regionales.

El informe detalla que la adenda fue firmada por Acurio Tito por parte del gobierno regional y los representantes del hotel, Laurent André Carrasset y Raul Felipe Galdo Marín. “En la parte final del documento también se registra una firma adicional, no habiéndose identificado sus datos” que corresponderían a Rafael López Aliaga. La Contraloría contrastó la rúbrica con la ficha Reniec del excandidato y la sometió a un peritaje para determinar dicha pertenencia.

Más vicios

La adenda firmada el 29 de noviembre del 2013 debía plasmarse en una escritura pública. Esta se concretó el 27 de diciembre de ese mismo año. Acurio firma ese documento cuando estaba sentenciado e inhabilitado por el Poder Judicial. Le impusieron cuatro años de pena suspendida por negociación incompatible el 17 de diciembre del 2013.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó su inhabilitación en su portal web el 27 de diciembre, pese a eso, Acurio continuó con los trámites registrales para ampliar la concesión del hotel.

Otros hallazgos

La empresa habría dejado de cumplir con el pago del IGV, de los montos transferidos al Gore Cusco de 2011 al 2018. La entidad asumió la deuda de impuestos ante la SUNAT con recursos públicos por un valor de U$$ 988 756, 72 y otros montos producto de intereses y moras, pese a que el contrato estipulaba que esos pagos correspondían a la empresa.

Contraloría identificó 10 presuntos responsables para quienes piden procesos administrativos, civiles y penales. Además de Acurio Tito, ex funcionarios como Cesar Gil Ochoa, Ofelia Yábar Villagarcía, Albert Aníbal Arenas Yábar, Rufo Antonio Gaona Moreno, Rosio Pérez Morales. Las faltas civiles alcanzan a funcionarios de la actual gestión regional como Oswaldo Terrazas Benito, Julia Chirinos Polo y Edgard Julio Uribe Barrios.

Presunto incumplimiento del contrato

El Gobierno Regional de Cusco pagó los impuestos por las transferencias que le hizo la empresa operadora. El monto casi asciende a un millón de dólares de IGV (en forma parcial), eso la benefició de crédito fiscal por este importe, más intereses que hubiese tenido que pagar por US$ 592,913.14. Eso generó perjuicio económico en el procedimiento de reintegro del IGV por asumir el pago de intereses y multas de S/ 258 919,00 con recursos públicos; e intereses legales no cobrados por US$ 26 136,23″, dice el informe.

Al respecto, el procurador público regional, Pedro Galicia, dijo a La República que aún no fueron notificados con la auditoría y que al hacerlo, procederán con las acciones que se recomiendan. Sobre las irregularidades de la adenda, señaló que fortalecerán los procesos que llevan adelante para anular el polémico documento. “Consideramos que los hallazgos aportarán a nuestra defensa para probar que esa adenda es irregular. Esperaremos que nos notifiquen formalmente”, dijo.