Roberth Orihuela
Gleny Díaz Villarte perdió su vivienda de manera fraudulenta. Los culpables fueron sentenciados a la cárcel y pagar a la víctima una reparación civil. Sin embargo, el juez César Ballón Carpio, ordenó rematar la vivienda de la víctima para que los autores de la venta ilegal paguen la reparación civil de US $ 289 mil y daño moral por S/ 10 mil.
La vivienda, localizada en la avenida Fernandini, en el distrito de Sachaca-Arequipa es una herencia familiar en donde sus hermanos le cedieron su participación, menos uno. Gleny decidió apoyar a su sobrino, hijo de su hermano, Fidel Díaz Solis y le prestó el primer piso para un negocio. Fidel se hizo de la casa de forma fraudulenta en un juzgado de Paz de Vítor. Se la vendió su padre, propietario minoritario. El sobrino contaba solo con 20 años y supuestamente pagó US $ 30 mil a su progenitor.
Inscribió la propiedad a su nombre ante Registros Públicos el 1 de julio del 2009. En febrero del 2010, la hipotecó en la Caja Arequipa por un crédito de S/ 140.000. Y en mayo del 2010, la vendió a los esposos Antonio Manzanares Rodríguez y Viviana Gamero Eguilúz, por US $ 44 mil. Aunque estos nunca tomaron posesión del bien. Gleny denunció a su sobrino y a la familia Manzanares por los delitos de Falsedad Ideológica, Fraude Procesal y Defraudación.
El proceso duró casi 9 años y, en marzo de 2019, el Poder Judicial dictó 6 años de prisión efectiva contra Fidel Díaz y 3 años de pena suspendida a 2 años para los Manzanares. La reparación civil debían pagarla Díaz y los Manzanares. El plazo vencía el 3 de marzo de este año, y solo han cancelado los S/ 10 mil. Lo cuestionable, para Gleny es que el juez César Ballón Carpio, encargado de ejecutar la sentencia, dispuso, mediante la resolución 20-2021, que los Manzanares rematen la casa de Díaz y con ese dinero le paguen.
La cuestionada medida fue apelada. El Poder Judicial ordenó que dicho magistrado juez vuelva a pronunciarse. Gleny no solo cuestiona el fallo sino un retraso en el proceso. Fue quejado y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) amonestó al juez.
Desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa indicaron que el bien de Gleny no puede ser restituido a su nombre. Por este motivo se ordenó el remate, para que le paguen los US $ 289 mil. “El Ministerio Público solicitó la revocatoria de la pena suspendida ante la falta de pago de la suma indicada, para lo cual en resguardo de los intereses de la parte agraviada el juzgado dispuso la entrega del bien, así como la documentación como propietaria del bien inmueble.
Lo cual fue aceptado por la parte sentenciada, más no por la parte agraviada quién apeló a la Sala, “la cual dispuso dejar sin efecto la indicada resolución únicamente en ese extremos de entrega del bien”, agregaron. Señalaron que se ha intentado llegar a un buen acuerdo entre los abogados de ambas partes pero todo resultó infructuoso.
Ahora el juzgado revocará la pena suspendida y ejecutará la prisión efectiva contra la familia Manzanares. “Pero esto no me beneficia en nada. De qué me sirve que vayan a la cárcel, lo único que quiero es que me devuelvan mi casa”, finalizó Gleny Díaz.