
Tumbes. La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 99.862 en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) II-2, debido a que no se aplicaron penalidades pese al retraso injustificado en la entrega de bienes de contrataciones directas del 2020 y 2021.
Según el informe de la Contraloría, en el Hospital JAMO se realizaron contrataciones directas y adjudicaciones simplificadas para la adquisición de bienes y prestación de servicios en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, las cuales estuvieron a cargo del órgano encargado de las contrataciones y el comité de selección de la entidad, respectivamente.
el hospital temporal, en la primera etapa, podrá recibir 70 pacientes COVID-19.
De la revisión selectiva a once procedimientos de selección para la adquisición de equipos de protección personal, se comprobó que los proveedores entregaron los bienes fuera del plazo establecido; se tuvo entre dos hasta 89 días de retraso.
Sin embargo, la entidad no aplicó la penalidad por retraso injustificado que correspondía según la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual originó un perjuicio económico total de S/ 99.862.





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