Estrechas relaciones. Un grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso recibió –en una primera cita- a 10 rectores de universidades privadas con licenciamiento denegado. El objetivo fue claro: coordinar un salvataje para que vuelvan a presentarse ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) pese a que no pudieron cumplir con las condiciones básicas de calidad.
Este hecho no es aislado. En los primeros tres meses de gestión, varios legisladores han presentado iniciativas con las que pretenden dañar la reforma universitaria.
Hasta el momento, La República ha podido detectar cuatro proyectos de ley que recogen los pedidos de las universidades no licenciadas para no cerrar.
De esa lista, tres propuestas buscan darle un “auxilio temporal” o un “plazo de emergencia” a las universidades privadas sin fines de lucro (asociativas) para que se vuelvan a presentar al licenciamiento de la Sunedu. Los autores son Darwin Espinoza (Acción Popular), Wilson Quispe (Perú Libre) y Egdar Tello (Perú Libre), siendo estos dos últimos egresados de instituciones no licenciadas (UIGV, Uladech y Néstor Cáceres Velásquez de Puno).
La cuarta iniciativa es del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, quien propone darle este salvataje no solo a las universidades privadas asociativas, sino también a las que operan con fines de lucro, como Telesup y Alas Peruanas.
Es más, Medina, quien estudió una maestría en la denegada Universidad Néstor Cáceres Velásquez, es el mismo que presentó un proyecto de ley para convertir a la Sunedu en una nueva Asociación Nacional de Rectores (ANR), sin ningún control.
Pues bien, en medio de este panorama, las autoridades de 10 universidades no licenciadas fueron al Congreso.
La rectora de la Universidad Peruana del Centro, Emilia Untiveros, señaló que la Sunedu “debe dejar de hacer problemas”. “No estoy en contra, pero tiene que reconocer su error”.
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El rector de la Universidad Simón Bolívar, Wilder Calderón, exigió al Congreso no dejarse “amedrentar por las campañas de los monopolios”. “Es necesario atender el pedido de los padres, de los jóvenes y de los empresarios que no lucran”.
Su colega de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno Juan Benites pidió lo mismo. “Nuestras pensiones son económicas. Quieren elitizar la educación universitaria”, dijo.
En tanto, el rector de la Universidad José Carlos Mariátegui, Gustavo Reynoso, precisó que buscan una segunda oportunidad como se les dio a las tres universidades públicas denegadas. No mencionó que estas son responsabilidad del Estado.
Más vehemente fue el rector de la Universidad Juan Pablo II, Aurelio Padilla, quien no solo demandó una nueva oportunidad para las no licenciadas, sino que aseveró que el Congreso debe “rectificar y modificar la Ley Universitaria” para que la Sunedu no recorte más su autonomía. Algo similar solicitó el representante de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech). A esta cita también acudió el vocero de la Telesup, que es la más rebelde.
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Todas estas afirmaciones fueron respaldadas por algunos congresistas que no realizaron preguntas. El fujimorista Raúl Huamán dijo que “la reforma está resultando peor que la enfermedad”. Su colega de bancada Tania Ramírez, quien lideró el grupo de trabajo, señaló que todos “apuntan a un solo objetivo”. Añadió que aún esperan escuchar a otro sector de rectores.
A su vez, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, afirmó, sin fundamentos, que “la Sunedu invierte en medios de comunicación para hacerles quedar mal”. Él no reconoció sus iniciativas que lo hacen ver como la voz de la contrarreforma universitaria.
Sunedu
El jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, lamentó la postura de algunos legisladores, ya que son contrarias a la reforma universitaria. Dijo que los últimos Congresos no hallaron irregularidades.
Sobre la propuesta de darles una nueva oportunidad a las 51 universidades denegadas, Zegarra explicó que estas tienen posibilidades de presentarse a un nuevo licenciamiento, siempre y cuando cumplan con un plan de cese progresivo. “Se amplió su plazo de cierre hasta por 3 años”.
Zegarra espera que no prospere la intención de convertir la Sunedu en una nueva ANR.