Desde el Congreso pretenden abrir las aulas a docentes condenados por terrorismo

En los tres primeros meses en el Congreso, diversos legisladores de Perú Libre, la bancada hoy dividida del Gobierno, han presentado hasta siete iniciativas que pretenden petardear la Ley de Reforma Magisterial, la cual –desde el año 2012– viene asegurando que se imponga la meritocracia entre los profesores de los colegios públicos.

De todas ellas, la que más causa polémica es la del legislador Wilson Quispe Mamani, elegido por Puno, quien propone la derogatoria de toda la Ley de Reforma Magisterial vigente.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Lo que llama la atención es que dentro de los esperados cambios relacionados a los exámenes, las escalas y los salarios de los maestros, La República pudo detectar que el proyecto de ley N°294/2021-CR, de Wilson Quispe, pretende abrir las puertas de las escuelas a los docentes y trabajadores administrativos que tienen sentencias por terrorismo y apología al terrorismo. Todo esto de manera camuflada a través de la aprobación de una denominada Nueva Ley del Profesorado.

¿Cómo así? En la actual norma, uno de los requisitos para ser nombrado e ingresar a la carrera pública magisterial es no haber sido sentenciado por los delitos de terrorismo, apología de terrorismo, contra la libertad sexual, corrupción de funcionarios y tráfico de drogas (artículo 18). Pues bien, la propuesta del parlamentario de Perú Libre omite estos casos y solo considera “no haber sido condenado por delito en contra del honor y la libertad sexual”. Nada más.

Pero eso no es todo. En la vigente Ley de Reforma Magisterial también se establece que una de las causales para la destitución de los maestros es haber sido condenado por el delito contra la libertad sexual, apología de terrorismo o terrorismo y sus formas agravadas (artículo 49). Pues bien, otra vez la iniciativa de Wilson Quispe elimina todos estos alcances y solo incluye la parte “de haber sido sentenciado por delito doloso”.

Esta pretensión es grave, según exministros de Educación consultados por este diario. Y es que desde la gestión de Patricia Salas, pasando por Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Vexler, Daniel Alfaro, Flor Pablo, Martín Benavides y Ricardo Cuenca, se ha continuado con la destitución de estos docentes con sentencias firmes por terrorismo, apología del terrorismo, violencia sexual y narcotráfico.

Durante la gestión de Flor Pablo se incluyó además otros delitos como feminicidio, pornografía infantil y proxenetismo. Es así como, hasta julio del 2020, se había destituido a 1.103 profesores y trabajadores administrativos con condenas consentidas y ejecutoriadas. Por esa fecha, durante la gestión de Martín Benavides, se creó incluso el aplicativo del “Sistema de registro de datos de personal docente y administrativo de escuelas privadas”, que permite a los directores identificar y prevenir la incorporación de los sentenciados por estos delitos.

“Este no es nuestro sentir porque es importante que el docente tenga una hoja de vida limpia y desvinculada de prácticas que atentan contra la vida y la ciudadanía. Los maestros con sentencia firme por delitos de terrorismo deben ser excluidos de las aulas”, afirma el decano nacional del Colegio de Profesores, Heli Ocaña. En esa misma línea, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, lamenta que desde el Congreso se utilicen algunas demandas del gremio para infiltrar intereses particulares de grupos reducidos de docentes. “Pese a la ley, en las escuelas aún quedan maestros condenados por terrorismo. Con leguleyadas han borrado sus antecedentes penales”.

Sin respuestas

Hay que indicar que el proyecto de ley de Wilson Quispe tiene como coautores a seis de sus colegas de Perú Libre. Este diario buscó conocer la versión del congresista, pero no respondió.

Quispe, el último 7 de setiembre, recibió la visita de César Tito Rojas, quien es sindicado como miembro del Movadef y vinculado a la Fenate Perú.

Es importante señalar que esta última es la federación de docentes que fue fundada por el presidente Pedro Castillo y que además tiene entre sus filas al flamante ministro de Educación, Carlos Gallardo, según ha confirmado el dirigente de la Fenate Perú, Segundo Vásquez, quien también ha pedido que se revise la vigencia de la prohibición y destitución de maestros condenados por terrorismo.

Debido a estos detalles también se buscó la posición del ministro Gallardo para saber si continuará con la expulsión de estos profesores sentenciados, pero aún no brinda entrevistas.

Reacciones

Heli Ocaña, decano de profesores

“El docente debe tener una hoja de vida limpia y desvinculada de prácticas que atentan contra la vida y la sociedad. Se debe excluir de las escuelas a los condenados por terrorismo”.

Lucio Castro, secretario general del Sutep

“Nos oponemos a que sentenciados por terrorismo estén en las aulas. Es lamentable que desde el Congreso se usen nuestras demandas para infiltrar intereses de grupos reducidos”.