La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 38.000, debido a que la Municipalidad Distrital de Motupe (provincia de Lambayeque) pagó dicho monto a un ingeniero civil por la elaboración de un estudio de preinversión —a nivel de perfil— para la construcción de un terminal terrestre pese a que no tiene competencia legal para ejecutar este tipo de proyectos.
Con el Oficio n.º 018-2021, el ente de control señaló que el ayuntamiento no tenía legalmente facultades para promover la construcción de un terminal terrestre, ya que es potestad exclusiva de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
Tras la indagación en el municipio provincial sobre la posible delegación de facultades de la municipalidad de Túcume, se confirmó que no hay ningún trámite o documento relacionado que lo autorice.
Asimismo, se detectó que la comuna pretendía construir un terminal interprovincial, lo cual sería un imposible jurídico conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.
La municipalidad de Motupe no tiene facultades para ejecutar obras, como el terrapuerto. Foto: DePerú.com
También precisó que la construcción de este tipo de obras implica que la municipalidad realice actividad empresarial y una ley expresa del Congreso de la República, de acuerdo al artículo 60 de la Constitución Política del Perú.
Sin embargo, la institución edil en el segundo semestre de 2016 contrató los servicios del ingeniero civil por S/ 8.000 y S/ 30.000,00. Agregó que, en esa fecha, la comuna no contaba con el terreno donde ejecutar el estudio de creación del terrapuerto.