Pueblos indígenas solicitan medidas en salvaguarda de las personas defensoras de la Amazonía

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) junto con cinco organizaciones indígenas de las regiones de Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali realizaron el primer encuentro nacional para la protección de defensores y defensoras indígenas de la Amazonía peruana, con la finalidad de hacer un balance de los graves hechos y atentados contra ellos y hacer un llamado al gobierno entrante para que se priorice su atención.

Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP señaló que desde abril de 2020 hasta julio de 2021, se han asesinado a 10 defensores de la Amazonía en un contexto de emergencia sanitaria, y como consecuencia de estos asesinatos las viudas y los niños huérfanos actualmente se encuentran desamparados por las autoridades y exige que el Estado garantice sus derechos territoriales y también a la salud y educación. “El nuevo presidente tiene que implementar mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos, esto debe ser de manera efectiva y no solo en el papel. Además, hago un llamado al nuevo Congreso para que ratifique el Acuerdo de Escazú, herramienta importante para garantizar la protección de los defensores y defensoras ambientales”.

Mónica Romo, representante de USAID, precisó que “la implementación del proyecto Amazonía Indígena: Derechos y Recursos (AIRR) que viene impulsando el presente encuentro tiene la finalidad de promover un entorno favorable para las y los defensores indígenas”.

En el encuentro se recogieron los testimonios y la problemática que enfrentan los defensores de la Amazonía, frente a ello, Zoila Ochoa, miembro de la Junta Directiva de Aidesep hizo el llamado para que “en el Bicentenario no hayan más muertes de líderes indígenas”.

En esa misma línea, Ruth Buendía, miembro de la Junta Directiva de Aidesep, dijo que entre las amenazas a las comunidades y defensores está el tráfico de tierras, la tala ilegal y el narcotráfico, actividades ilegales e invasiones, además de los impactos de las carreteras que contribuyen a la deforestación y no son consultadas a la población. En muchos casos, los defensores son judicializados por los agresores y no cuentan con apoyo legal, “una debilidad es la impunidad y la corrupción”, expresó.

Otro problema que expone a las comunidades nativas y las colocan en mayor vulnerabilidad es la falta de titulación, georeferenciación de sus territorios, por lo que Marisol García, de la Organización CODEPISAM, dio a conocer que en julio del 2021, en la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, los defensores indígenas fueron agredidos por mafias del narcotráfico por defender sus tierras y aguas. “Las mafias y las grandes empresas son las que ingresan a nuestros territorios para degradar los bosques, por ello exigimos la titularidad de nuestras tierras”.

Por su parte, Damaris Ramirez y las lideresas del Programa Mujer Indígena de la Organización ORAU, resaltó la necesidad que se implemente y sean efectivas las medidas de protección a los defensores “Ucayali fue la región más afectada en los ataques y muertes a los defensores, dejando familias desamparadas, si bien hay una mecanismo intersectorial que vincula a varios ministerios a trabajar en su atención, aún está pendiente la aprobación del Protocolo de Actuación para la implementación de este mecanismo, además se requiere invertir recursos en su implementación”, precisó.

A su turno, Rosa Sánchez Pérez, de la Organización CORPI, indicó que respecto a la carretera Balsapuerto – Moyobamba, no se ha realizado una consulta previa adecuada con todas las comunidades. Del mismo modo Irake Marakai, de la Organización ORPIO en la región Loreto, denunció el caso de la Comunidad Nativa Centro Arenal, sobre la que se superpone la carretera Bellavista - Santo Tomás – Mazán, que está generando conflictos y el Estado no ha cumplido con realizar la consulta “seguiremos defendiendo nuestros territorios”, expresó.

En este encuentro también participaron Joel Hernández García, relator sobre defensoras y defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como representantes de Front Line Defenders y el coordinador técnico del Programa de Defensa de defensores indígenas de la COICA, Roraima González.