Arequipa: inicia control de acusación en contra de Juan Manuel Guillén y dos exfuncionarios

El juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, José Málaga Pérez, inició la etapa de control de acusación del proceso que se le sigue al expresidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, y dos exfuncionarios investigados por los delitos de colusión y negociación incompatible que se habrían cometido en el proceso de compra de terrenos para la construcción del puente Chilina, entre los años 2010 y 2013.

El Ministerio Publico presentó un requerimiento mixto solicitando acusación y archivo de parte del caso. En primer término acusan a Juan Manuel Guillén Benavides (ex presidente regional de Arequipa), Jorge Luis Aguilar Gallegos (ex gerente regional) y Sara Peña Dávila (jefa del Área Funcional no Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos) por los delitos de colusión y negociación incompatible al haber presuntamente pactado el precio de compra de los terrenos para la ejecución de esta obra vial y mostrado además un interés indebido en esta negociación.

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En tanto, la Fiscalía sustentó el pedido de archivo del caso en contra de los presuntos cómplices en este caso los hermanos Martín, Alejandro y Marcia Medina Vilca así como de Aurelio Arenas Llerena, Georgina Zegarra de Arenas, Rocío Arenas Zegarra, Cristian de la Cruz Zeballos Medrano; esto debido a que no existirían pruebas suficientes que acrediten, que en su calidad de propietarios de los terrenos expropiados, se hayan puesto de acuerdo con los funcionarios regionales para pactar el precio de sus predios.

En los próximos días, el juez de control emitirá la resolución correspondiente al pedido de archivo del proceso respecto del delito de colusión inicialmente imputado a los presuntos cómplices.

Esta etapa intermedia de saneamiento del proceso continuará el próximo 3 de agosto con la finalidad de definir si los imputados son enjuiciados.

Juan Manuel Guillén Benavides y sus exfuncionarios Jorge Luis Aguilar y Sara Peña; son acusados de haber, supuestamente, realizado tratos directos con los propietarios de algunos terrenos para definir la compra de los terrenos y de haber pagado precios superiores a las tasaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Las penas que se está proponiendo para los procesados por el concurso real de delitos oscilan entre 19 y 23 años de pena privativa de la libertad.