Zaida Tecsi
“Son 21 años de dolor. Sufrimiento físico y del alma, por lo que nos hicieron. Muchas ya se han muerto sin encontrar justicia. Nos hemos desangrado por años y al Estado parece no importarle”, dijo conmocionada Inés Condori, representante de las víctimas de las esterilizaciones de la provincia de Chumbivilcas.
Condori dice que recuerda como si fuera ayer lo que vivió en el 90, gobierno de Fujimori. Entre lágrimas pide justicia, pero sobre todo una asistencia en salud.
“Desde ese día (de la esterilización), no volví a ser la misma. Me mataron en vida. Me tocó trabajar así, débil, por mis hijos. Pero otras están peor que yo, abandonadas a su suerte, enfermas”, dijo Condori.
Esta cusqueña quiere que su caso sea escuchado por el ministerio de Justicia. Que se le repare por la cirugía que le hicieron en contra de su voluntad.
“Recién había dado a luz un mes atrás. En la posta me dijeron que me ayudarían para que mi post parto sea tranquilo. Me quedé inconsciente por un momento y cuando desperté me dijeron que me habían hecho un cortesito para que ya no tenga más hijos. Sin preguntarme nisiquiera explicarme, como si yo fuera un animal”, comentó impotente.
Igualmente, Rute Zuñiga, dirigente de las víctimas de la provincia de Anta, reveló que cuatro integrantes de su asociación ya perdieron la vida. “Se murieron esperando la reparación, que el Estado reconozca lo que nos hicieron y nos cure”, narró.
Anta es una de las provincias emblemáticas en la lucha de justicia por las esterilizaciones forzadas hechas en el Perú. Desde esta localidad, a una hora de Cusco, se empezaron a contar los primeros testimonios.
Rute Zuñiga es uno de los ejemplos del inadecuado procedimiento que se practicó como programa de planificación familiar en el país. A ella le detectaron el inicio de un cáncer. Tuvieron que extraerle el útero para que siga viviendo.
Al igual que todas las víctimas. Zuñiga asegura que la obligaron a subirse a una ambulancia. Sin consultarle, la operaron. “Me dijeron que era obligatorio que vaya a la posta. Me sedaron un poco. Adolorida preguntaba que me habían hecho. Solo veía a otras mujeres que también gritaban”, recuerda.
Estas organizaciones de más de mil 300 mujeres en el Cusco y de otras cientas en el país, presentaron una demanda de Amparo ante el Quinto Juzgado Constitucional. Su temor es que el próximo gobierno los condene a la impunidad. “La señora Fujimori dijo que lo que nos hicieron fue planificación familiar”, cuestionó Inés Condori.
El 14 de abril diferentes organizaciones de mujeres afectadas por las esterilizaciones presentaron una demanda contra el Ministerio de Justicia. La congresista Rocío Silva Santisteban, autora de la Ley N° 31119 -que fortalece el Plan Integral de Reparaciones- dijo que ya no hay excusas para seguir postergando la asistencia del Estado.
Silva participó virtualmente de la conferencia de prensa en el Cusco para explicar los alcances de la demanda.