Acuerdo de Escazú entra en vigencia y el Perú no es parte del tratado

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, celebrado cada año el 22 de abril, este jueves entró en vigor el Acuerdo de Escazú, uno de los tratados más importantes en materia ambiental de América Latina, que no contará con Perú entre sus filas.

A la fecha, el acuerdo solo ha sido ratificado por los Gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina. Doce de al menos once que se necesitaban para su puesta en marcha.

En nuestro país, la propuesta del Acuerdo de Escazú, pese a que tenía la venia del Ejecutivo, fue rechazada por el Congreso de la República en octubre del año pasado.

Un caso similar se vive en Colombia, pues, pese a que el presidente Iván Duque suscribió su anexión en diciembre del 2019, el Acuerdo de Escazú no ha sido ratificado por el congreso de ese país.

“Es un acuerdo del sistema de Naciones Unidas propiciado por todos los tratados internacionales, es una propuesta para operacionalizar la participación y la democracia en todo el mundo”, explicó para EFE la bióloga Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN de Colombia.

Como muestra el Atlas de Justicia Ambiental, Brasil es el país de la región con más conflictos de este tipo (173). Le siguen México, con 149, y Colombia, con 129. Después están Perú (97), Ecuador (65) y Bolivia (42).

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, en lo que es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales, que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.

La propuesta, impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Cuenta con el respaldo de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos).